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El ministro Méndez de Vigo, durante la Conferencia Sectorial de Educación. / Fernando Alvarado (EFE)
Si la política actual tiene mucho de marketing y relaciones públicas, alguien está haciendo bien las cosas en el sector de la educación, porque el recurrente mantra del pacto de estado por la educación vuelve a estar de actualidad. ¿Cómo valorarlo? Pues depende.
Por un lado, serán pocos quienes no prefieran la actitud y el discurso del actual ministro, Íñigo Méndez de Vigo, frente al talante de su antecesor, Ignacio Wert, que selló con su apellido la denominación popular de la más polémica ley educativa de la democracia, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), Ley Wert para casi todos.
Por otro lado, ese pacto de estado que «la sociedad española reclama» –Méndez de Vigo dixit– ha arrancado sin prisa. El 25 de noviembre, todos los grupos parlamentarios acordaron crear una subcomisión con el objetivo de negociar ese pacto. En principio, sus conclusiones tendrán que estar listas en seis meses. Un plazo ajustado.
Ese documento en el que los partidos se pusieron de acuerdo puede interpretarse como el acta de defunción de la LOMCE, justo en el curso en el que la polémica legislación educativa debía haberse implantado en su totalidad. Por ahora, lo único cierto es que existe el compromiso de que esas conclusiones sirvan «de base para que el Gobierno elabore un proyecto de Ley Básica de Educación, que sustituya la legislación vigente», según se lee en el documento. Una ley, fruto del pacto de estado, «que dure para 10 o 15 años, que dé seguridad y certeza», en palabras de Méndez de Vigo.
LA REVÁLIDA COMO GESTO
Las reválidas han acabado por convertirse en la punta del iceberg de la contestación popular a la LOMCE, y por ahí ha venido del primer gesto del Gobierno, obligado a asumir un nuevo escenario sin mayoría absoluta. El Ministerio de Educación explicó ya en diciembre que la convalidación de Real Decreto Ley 5/2016 de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, «suspende los efectos académicos de las Pruebas de Evaluación Final de Secundaria y Bachillerato hasta que se alcance un Pacto de Estado Social y Político por la Educación». Y esta afirmación ya mereció una puntualización por parte del ministro: «Esto no significa ni que el Gobierno renuncie a cumplir la ley, ni que haya dejado de considerar la evaluación de los conocimientos adquiridos como algo de importancia. Sí significa que mientras se llevan a cabo las negociaciones, los resultados de las evaluaciones finales no van a tener efectos académicos para la obtención de los títulos de ESO y de Bachillerato, y, por tanto, su organización y desarrollo no va a afectar al funcionamiento ordinario de las Administraciones educativas y de los centros docentes». De manera que la LOMCE, y eso conviene recordarlo, no se ha derogado.
De hecho, el verbo derogar se barajó, y se descartó, en el trabajo previo a la redacción del texto en el que se anuncia la creación de esa subcomisión que elaborará el documento sobre el que se elaborará la futura legislación educativa. Por expresarlo en términos adecuados a la tremenda burocracia parlamentaria, que poco a poco se va poniendo en marcha, todavía sin resultados concretos.
Los sindicatos, por su parte, se mantienen a la expectativa. «Hablan de nuevo de un pacto educativo estatal, y vemos que lo que se está haciendo es acordar entre los mismos de siempre y de espaldas a los trabajadores», resume Pedro del Pozo, de Ustea, que plantea más dudas: «No parece que el plazo de los seis meses vaya a cumplirse y mientras tanto la Consejería sigue practicando una política muy acorde con la LOMCE».
¿Y qué pasa con los docentes y los alumnos? Sobre los primeros se pone el foco al hablar de la necesidad de su reciclaje y su especialización pedagógica. Sobre los segundos, de momento, no es fácil hablar: lo único que está claro es que transitan itinerarios con fecha de caducidad. Otro punto más que ajustar antes de que esa nueva legislación entre en vigor. Seguramente, la clave estará en discutir sobre aspectos que afecten a la calidad del sistema y no, como ha sido habitual hasta ahora, sobre cuestiones más cercanas a la ideología.
A POR LA OCTAVA LEY DE LA DEMOCRACIA
La ley que sustituya a la LOMCE será la octava normativa educativa de la democracia española. El periodo comenzó con la franquista Ley General de Educación, que entró en vigor en 1970. Desde entonces, la Unión de Centro Democrático puso en marcha dos leyes educativas, el PSOE cuatro y el PP una: la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Lo cierto es que han sido tres de ellas las que de verdad han definido el sistema educativo español, que siempre ha estado marcado por el estigma de la ausencia de consenso sobre un tema tan sensible y por los vaivenes fruto, precisamente, del desacuerdo. Fueron la mencionada de 1970; la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que derogó a la anterior en 1990, y la Ley Orgánica de Educación (LOE), que aterrizó en 2006 con la polémica de la asignatura Educación para la Ciudadanía.
Además de la LOMCE, el partido Popular promulgó otra ley, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Fue en 2002, cuando José María Aznar dirigía el Ejecutivo. Nunca llegó a aplicarse: en 2004, cuando Zapatero alcanzó la Presidencia, quedó paralizada. Dos años después llegó la LOE.