El sector lleva dos años con problemas de impago./ Daniel Garrido
Rocío y Patricia pidieron ayer permiso para salir antes del trabajo y poder recoger a sus hijos de la guardería a las 13.00 horas, ya que el centro es uno de los 61, según el portavoz de los afectados, Ignacio Ferreiras, que finalmente secundaron ayer la medida de presión adoptada por un grupo de escuelas infantiles contra los impagos de la Junta consistente en no ofrecer el servicio de comedor. «Espero que se solucione pronto porque para los padres que estamos trabajando es un trastorno. Entiendo su postura pero los que pagamos el pato somos los padres cuando nosotros estamos pagando», afirma Rocío. Patricia Martínez también reconoce que supone un «desbarajuste» pero «¿qué van a hacer? Si no tiene para pagar la comida ¿cómo la van a servir? No lo van a poner ellos de su bolsillo». Unos 1.500 niños se vieron ayer afectados por la supresión de este servicio y sus padres se debatían entre la comprensión de la situación de los trabajadores del sector y el quebradero de cabeza que les supone organizarse para recoger a los niños antes.
Ninguna asociación de escuelas infantiles secunda la medida como tal pero el sector se reunió el pasado jueves y ante la situación «insostenible», un grupo decidió dar este toque de atención a la administración después de que el último plazo dado para pagarles, el 10 de noviembre, transcurriera sin que cumpliera su compromiso de abonar al menos el pago compensatorio de agosto (mil euros por aula) y la mensualidad de septiembre. Son guarderías que prestan este servicio a través de cátering que están sin cobrar por esos impagos y que, oficialmente, eran quienes realizaban el paro. La inspección educativa reforzó ayer los controles en aquellos centros con cocina propia como aviso a navegantes y según denunciaron algunos participantes en la protesta, que pidieron permanecer en el anonimato, recibieron «llamadas casualmente» requiriéndoles documentación de sus convenios con la administración y a aquellas con cocina propia que alegaron que su proveedor no les suministraba como señal de protesta les instaron a cambiar de proveedor. Desde la Consejería de Educación se limitaron a señalar que «se está trabajando en liquidar lo que se adeuda a final de mes». Entre las guarderías que secundaron el paro hay centros del Polígono de San Pablo, Sevilla Este y municipios como San José de la Rinconada, Camas, Mairena del Aljarafe, Tocina, Los Rosales, Espartinas o Dos Hermanas, cuyos responsables destacaron la comprensión y apoyo de los padres. «Si hubiéramos tenido problemas con ellos no lo hubiéramos hecho», destacó la directora de uno de los centros. La mayoría son pequeñas empresas, en muchos casos familiares, que reconocen que los retrasos de la Junta, una situación que colea desde hace dos años y que estuvo a punto de afectar al inicio del curso en 2012, las tiene asfixiadas sin poder hacer frente en muchos casos al pago a proveedores, entre ellos los cátering, e incluso a las nóminas que no están al día. «Yo pido el dinero para pagar, no me voy a ir de vacaciones. Tienen buenas intenciones pero yo con la intención no pago las facturas. Si no tienen dinero que no se comprometan ni sigan conveniando escuelas infantiles porque queda muy bien decir que aumentas las plazas pero detrás de eso hay empresas y puestos de trabajo», criticó otra de las afectadas.
El portavoz de los afectados pidió que no trasciendan nombres de las guarderías que secundaron la medida. «Hay miedo a las represalias, es muy difícil», reconoció Ferreiras. De hecho, admitió que inicialmente anunciaron que cerrarían el comedor 72 guarderías «y se han caído una decena por eso». Varios directores de centros se lamentaron de la posición de las asociaciones y de que «solo luchamos unos cuantos y luego se benefician todos».
El sector ha pedido la colaboración de los padres y agradece su comprensión e implicación en la la recogida de firmas que serán entregadas el próximo miércoles en la Delegación de Educación y que ya superan las 4.000, al margen de las reclamaciones particulares que algunos de ellos están haciendo ante la administración, quejas por las que también han llamado la atención desde la administración a algún centro. Es el caso de Fernando Villalba y su mujer, que venían de presentar una instancia en la Delegación de Educación antes de recoger al niño. «Yo los entiendo porque en mi trabajo parte del sueldo depende también de la Junta y la semana pasada éramos 14 y ahora somos 9, yo me he librado por los pelos. No es culpa suya», alegó, mientras su mujer se indignaba de que «no tengan dinero para pagar estas cosas cuando escuchamos tantos casos de corrupción».
Este jueves volverán a reunirse y no descartan volver a repetir esta medida de protesta los próximos días 24 y 25.
