Agentes de la Policía Nacional han desarrollado una macrooperación contra el cobro fraudulento del paro y del subsidio por desempleo en la que 150 personas han sido detenidas --algunas de ellas en Jaén-- y otras 277 imputadas por su implicación en una trama de treinta empresas que ofrecía falsas altas como trabajador a cambio de entre 300 a 500 euros.
Así, los periodos de trabajo ficticio han permitido a más de 400 personas --en su mayoría de origen marroquí y asentados en Cataluña-- regularizar su situación en España, así como percibir 2,6 millones de euros del Servicio Público de Empleo Estatal, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado.
El perjuicio total a las arcas del Estado asciende a los 7,1 millones de euros, dado que a las prestaciones fraudulentas hay que sumar la deuda de 4,5 millones de euros que las empresas, a nombre de testaferros y sin apenas actividad laboral real, contrajeron con la Seguridad Social por incumplir la obligación de cotizar por los seguros sociales.
Uno de los detenidos, testaferro que figuraba como administrador o representante de ocho de las sociedades y también constituyente en 17 de las empresas, trabajaba en realidad como repartidor de pizzas.
Las investigaciones se iniciaron como consecuencia del Protocolo de Colaboración para el Control de Empresas Ficticias, Contrataciones y Altas Fraudulentas en la Seguridad Social. La Inspección Provincial de Trabajo de Barcelona detectó a mediados de 2011 la existencia de una serie de empresas, con deudas en sus cotizaciones de seguros sociales y aparentemente sin una actividad laboral real.
Los investigadores determinaron que un grupo de 30 empresas (16 sociedades limitadas y 14 sociedades civiles particulares) eran usadas para presentar sucesivas altas y bajas de trabajadores, en ocasiones contratados por varias de las mercantiles del grupo.
En este sentido, las sociedades incumplieron "sistemáticamente y desde el inicio" de su actividad la obligación de cotizar por los seguros sociales de sus trabajadores, presentando descubiertos por impago de cuotas por un total de 4,5 millones de euros.
TESTAFERROS DE SECTORES "MARGINALES"
En la constitución de las mercantiles se consignaba como socios y administradores a personas que no ejercían tales funciones y que no eran sino meros "testaferros" procedentes de sectores marginales y de exclusión social.
El objetivo consistía en ocultar la verdadera identidad de los responsables, así como la localización de las empresas y en definitiva eludir las acciones ejecutivas que pudieran llevarse a cabo.
Así, los domicilios sociales y de actividad empresarial facilitados en los datos de inscripción de las sociedades eran falsos. Además, la red empresarial se servía de varios profesionales de la gestión para canalizar la confección de contratos, nóminas, partes de alta y baja y certificados de empresa.
Las actividades declaradas en el momento de la constitución de las empresas eran muy amplias, aunque finalmente eran inscritas en la Seguridad Social como únicamente dedicadas a la construcción y la jardinería.
El grupo empresarial dio de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a un total de 3.375 trabajadores, de los que 398, tras acumular los mínimos periodos de carencia legalmente establecidos o para completar estos periodos, obtuvieron prestaciones y subsidios por desempleo por un total de 2,6 millones de euros en base a esa supuesta actividad laboral.
Igualmente, al menos 406 personas habrían utilizado el alta en la Seguridad Social como presuntos trabajadores en algunas de las empresas investigadas para solicitar la renovación de la correspondiente documentación de trabajo y residencia en España o reagrupación familiar, a la que muchos de ellos no hubieran tenido derecho.
Las investigaciones, que continúan abiertas, han sido desarrolladas por la Brigada de Delincuencia Económica de la Comisaría General de Policía Judicial y por las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Barcelona, Tarragona y Gerona, con la colaboración del Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Linares (Jaén) y las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo de Barcelona.
