El año que acabamos de estrenar será el marco temporal de una serie de acontecimientos decisivos para nuestra convivencia política. La crisis económica incrementará sus efectos y, sobre todo en el primer semestre, su influencia negativa alcanzará su mayor rigor e incidencia. Dependerá del Gobierno y de las entidades financieras que empiecen a vislumbrarse signos positivos de recuperación, superadores del desánimo y del pesimismo generalizados de los ciudadanos. En este sentido, sería bueno una mayor flexibilidad y apertura de bancos y cajas en la concesión de créditos a empresas y particulares, especialmente en el sector inmobiliario.
Pero, ante todo, el año viene cargado de acontecimientos políticos de gran trascendencia. Así, heredará del anterior el problema de la financiación autonómica, que deberá encontrar una solución que se presume polémica y controvertida por la dificultad de contentar a todas las comunidades y de que estas se muestren satisfechas, cuando hay alguna que insistirá en su singularidad diferenciadora de las demás. Y la situación se puede complicar aún más al entrecruzarse intereses contrapuestos de las propias comunidades y de los partidos políticos, sobre todo de los dos mayoritarios.
Cuestión conexa con la anterior es la esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, que deberá ser conocida en los próximos meses y cuyo contenido generará, casi con toda seguridad, un amplio y duro debate político y mediático. Publicado este fallo y algún otro de trascendencia social, habrá que proceder a la renovación del propio Tribunal, lo que provocará una dura negociación entre socialistas y populares, por un lado, y con los nacionalistas por otro.
Además de estos problemas, hay previstas tres consultas electorales, dos de ámbito autonómico y la tercera al Parlamento europeo. Esta última discurrirá por sus cauces habituales de desinterés generalizado y baja participación en sintonía con la mermada relevancia del Parlamento en los asuntos europeos, coto cerrado y exclusivo de los tecnócratas de Bruselas y del que los ciudadanos se sienten excluidos.
Las elecciones vascas y gallegas, además de decisivas en sus respectivos territorios, servirán también como encuesta o barómetro con lógicas repercusiones en la política nacional, sobre todo y también en este caso para los dos partidos mayoritarios. En Galicia, la cuestión a dilucidar estará en ver si el PP consigue mayoría absoluta y recupera el control de la Xunta o si el actual Gobierno de coalición conserva el poder a pesar del desgaste experimentado en estos cuatro años.
En el País Vasco podría producirse un cambio de gobierno, si los resultados electorales confirman la tendencia puesta de manifiesto en las encuestas. Pero la victoria del PSE, plantearía a los socialistas el dilema de decidir con quién formar gobierno o en quién apoyarse en el Parlamento.
En todo caso, un resultado negativo para el PP, unido al dato proporcionado por las últimas encuestas de una ventaja de cuatro puntos de los socialistas sobre los populares, a pesar de la gravedad de la crisis económica, podría generar un nuevo debate interno sobre la capacidad de liderazgo de Mariano Rajoy.
Antonio Ojeda Escobar es notario
