El Tribunal Supremo ha decidido por 22 votos a favor y siete en contra que no hay razones objetivas que permitan a las familias españolas acogerse al derecho a la objeción de conciencia para impedir que sus hijos reciban la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). La resolución se ciñe a los recursos interpuestos por las tres demandas rechazadas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y la que aceptó el Tribunal Superior de Andalucía, que obligó en abril de 2008 a quitar de la asignatura los contenidos relativos a la ideología de género, a la homosexualidad y a las opciones vitales. Pocos pueden dudar que el fallo marca un punto de inflexión en una iniciativa en cuya aplicación han pesado más los prejuicios ideológicos y la utilización partidaria que el análisis de sus contenidos y de los fines que persigue.
A la espera de futuros pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Supremo acaba con la polémica al concluir que la educación que promociona la asignatura "no alcanza a lesionar el derecho fundamental de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Dicho con mayor claridad: los contenidos de EpC no son excluyentes y ni mucho menos, como se ha llegado a decir desde algunos sectores integristas y ultramontanos, aspiran a reeducar a los niños insertando en sus mentes ideas contrarias a la educación que quieren darles sus progenitores.
Educación para la Ciudadanía ha sido víctima del ruido político y mediático que ha acompañado a la asignatura desde su implantación. Al contrario de lo que se lee y escucha en determinados foros en los que triunfa una visión apocalítica de la educación española, EpC no persigue el adoctrinamiento ideológico de los estudiantes, sino el aprendizaje de determinados valores que puedan ser compartidos por todos. Si se quiere, se puede entender como la enseñanza de las reglas del juego de la convivencia sovial, una aspiración legítima de cualquier Estado democrático que se precie ante la que se puede discrepar, pero que no merece un boicot tan cargado de intencionalidad partidaria.
De hecho, y desde el respeto a las familias que se han sentido preocupadas por la posibilidad de que sus hijos sean educados en valores radicalmente contrarios a los suyos, constituye un ejemplo palpable de cómo una iniciativa se convierte en un calculado instrumento de erosión al poder. Ahí están las iniciativas del gobierno autonómico del PP en Madrid, que ha utilizado la asignatura como ariete ideológico en la lcuha política, y de la Generalitat valenciana, también gobernada por los populares y que convirtió la insumisión en una verdadera patochada sin sentido al aceptar que se impartiera la asignatura, pero solo en inglés. Ahora todo esto se acabó. Y bien que lo necesita la educación de nuestro país, cuyos problemas de falta de calidad y de altas tasas de fracaso escolar deberían acaparar la atención de nuestros gobernantes y de quienes aspiran a serlo algún día.
