Las 42 personas desalojadas ayer del asentamiento chabolista de San Jerónimo no tenían muy claro qué hacer ni dónde ir. Un operativo del Ayuntamiento de Sevilla los sorprendió a primera hora de la mañana, con una invitación para que abandonaran el solar en el que estaban viviendo desde el pasado otoño. En total eran 35 adultos y siete menores, que dejaron atrás más de once toneladas de basura recogidas por los servicios de limpieza municipales, y se instalaron en las inmediaciones de la zona "sin saber dónde dirigirse". Aunque los vecinos temían que volvieran, la Policía Local tiene previsto sellar hoy las entradas a la parcela para evitar nuevos asentamientos.
En las últimas semanas la zona se había convertido en un foco constante de enfrentamiento entre vecinos y chabolistas , debido a los problemas de convivencia. Llegó un momento que se convirtió en "insostenible", según comentó la vecina Esperanza Moreno, quienademás respondió a los que les achacan falta de humanidad: "Al principio me daban mucha pena, nadie quiere vivir así, pero no han sabido respetar unas normas básicas". De hecho, según Moreno "sustrajeron todo el mobiliario urbano del barrio, han intentado entrar en casas para robar e incluso han amenazado de muerte a algún vecino tras llamarle éste la atención".
"La situación era tercermundista", explica el miembro de la asociación de vecinos San Jerónimo-Alamillo, Jesús Gil. "Había mucha inseguridad, han robado bicicletas a los niños, e incluso los botines". Por ello Gil tiene claro que allí "no van a volver a asentarse ya que vamos a hacer todo lo posible para evitarlo".
El presidente de la plataforma Basta ya de asentamientos, Ángel Bordas, celebró la noticia y aseguró que a partir de ahora "estarán alerta para impedir que vuelvan". Además, trasladó el foco del conflicto a un solar ocupado frente al cementerio y el hospital San Lázaro, donde se concentran "más de un centenar de personas". Bordas adelantó que pedirán a la Junta de Andalucía la construcción de viviendas de Protección Oficial en el solar desalojado ayer, que según los vecinos ya ha pasado a manos de la Empresa Pública del Suelo de la Junta de Andalucía (EPSA).
Por su parte, la Federación de Mujeres Gitanas de Andalucía (Fakali) y la Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias de Andalucía (Amuradi) rechazaron que el Ayuntamiento escogiera "la vía de la expulsión como única alternativa política, sin tomar medidas ni contemplar acciones sociales para este colectivo".
