La jueza Mercedes Alaya se ha defendido de los ataques reiterados a que su instrucción está condicionando la campaña de las elecciones autonómicas, tras haber decidido citar a declarar a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado. En un auto, en el que responde las defensas de dos exconsejeros aforados, asegura que esta interpretación es sesgada y alejada de la realidad, pues ella ha citado a estos expertos con antelación suficiente para no interferir en el proceso electoral. En este nuevo auto, fechado el 18 de febrero, la magistrada recuerda la dificultad para instruir durante este año, con tres procesos electorales. Tras las elecciones autonómicas se suceden a corto plazo las municipales y posteriormente las elecciones generales, de manera que si esta instructora fuera de la misma opinión que los solicitantes, no practicaría prueba alguna en este y en otros procedimientos en el transcurso de un año, porque siempre las mismas podrían justificarse maliciosamente por la existencia de algún evento político o electoral, afirma Alaya.
La jueza responde así a los abogados de los exconsejeros Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo, ambos aforados, quienes en un escrito reclamando la suspensión de los peritos hasta que el Tribunal Superior de Justicia Andalucía (TSJA) resuelva si hay indicios para abrir una causa contra ellos, le sugieren a Alaya que tenga prudencia y que no ordene de imprevisto una prueba que lleva un año demorándose, procurando que no se puede interpretar una decisión judicial como un acto que llegue a influir en el proceso político en curso. La magistrada, como ya hiciera en el auto dictado ayer, recuerda a los letrados que esta prueba pericial es especialmente relevante para los más de 250 imputados que no son aforados y que son competencia de ella. Competencia que solo cesaría si el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía llegara a pronunciarse reclamando la competencia de la misma. Igualmente, indica que la referida ratificación resulta necesaria en la presente instrucción, al ser la prueba clave de la misma para el grueso de los imputados de esta causa, que no gozan del privilegio del aforamiento, todo ello con independencia de que el Tribunal Supremo pueda ordenar la ratificación de dicho informe.
En cuanto a la indefensión alegada tanto por los exconsejeros, la instructora les recuerda que desde el auto del 18 de diciembre, en el que les preimputaba, se les llamó al presente procedimiento para que pudieran participar en cuantas diligencias tuvieran lugar. Desde entonces es la primera vez que se dirigen a este juzgado, sin una mención de querer personarse en las actuaciones, lo que sería siempre en el legítimo ejercicio de su derecho de defensa, les indica Alaya, quien les tiene ya como personado, pudiendo así asistir los abogados de los exconsejeros a la declaración.
Por último, la magistrada deniega la petición de los abogados de grabar la declaración de los peritos (lo han solicitado ante la complejidad de los temas a tratar), ya que insiste en que las grabaciones durante la instrucción carecen de cobertura legal.
