La Guardia Civil registró la sede de Fitonovo. EFE
El fraude en las contrataciones públicas detectado en la operación Enredadera podría ir más allá de la firma sevillana Fitonovo y su «red de funcionarios corruptos». La jueza Mercedes Alaya, gracias a los datos recabados por la investigación de la Guardia Civil, apunta a la existencia de otras empresas con las que Fitonovo tendría «acuerdos» para «repartirse la contratación pública». Otra de las formas que tenía la entidad de amañar los concursos era concurriendo junto con sus empresas filiales, para dar así una apariencia de legalidad. Alaya siguió ayer interrogando a los detenidos en este operativo, citando a declarar a siete de los 22 que la Guardia Civil dejó en libertad con cargos. A todos los imputados les están siendo bloqueadas sus cuentas para asegurar las posibles fianzas. Los registros que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han permitido conocer con detalle la forma de actuar de Fitonovo tanto para lograr los contratos públicos de las diferentes administraciones como para lograr el dinero para sobornar a los funcionarios. «Se han hallado evidencias de cómo existían acuerdos con otras empresas para repartirse la contratación pública, llegando a acuerdos entre las mismas sobre ofertas a presentar, los contratos de los que resultaría adjudicataria cada una, o la subcontratación de los trabajos una vez finalizados», afirma la instructora.
De hecho, pone como ejemplo el pacto con la empresa Seanto S.L., ubicada en Marchena y dedicada como Fitonovo a temas medio ambientales y jardinería entre otras tareas. La UCO localizó «documentos con anotaciones manuscritas que apuntan a un reparto de mercado» con esta entidad, donde se apunta la oferta que va a realizar cada compañía para un contrato con la Junta sobre mantenimiento de carreteras. «Otra anotación dice textualmente el próximo concurso o subasta será para Fitonovo, lo que evidenciaría que dichas bajas estarían pactadas entre ambas empresas para favorecer en este caso a Seanto, mientras que en el siguiente concurso o subasta sería adjudicataria Fitonovo».
«Ficticia». La otra forma de proceder era «articulando una concurrencia ficticia para garantizar la adjudicación a Fitonovo o a una empresa vinculada a su dirección». Para ello, como ocurrió en un contrato para desbroce en las carreteras de Extremadura «las tres empresas que se invitaban al procedimiento estaban controladas por Rafael González y José Antonio González Baró», ambos dueños de Fitonovo e imputados en la causa. «Por lo tanto actuaban en unidad de dirección», dice Alaya.
El encargado de articular todo este plan era, según Alaya, el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras, que fue detenido en diciembre, pero que ha ingresado ahora en prisión tras haber logrado la investigación todos estos datos. Él sería quien «dirigía a sus comerciales, los cuales le daban cuenta periódica de cómo articular negocios en connivencia con algún funcionario». Así, pone de ejemplo un correo electrónico enviado por la extrabajadora que fue detenida en Granada en el que se le informaba «sobre la forma de articular un procedimiento negociado de contratación en el que todas las empresa invitadas estarían vinculadas a Fitonovo, indicando cómo debían ir cada una de las ofertas para que se adjudicara a Fitonovo», dice Alaya. Las obra en concreto a la que se refería era con la Diputación de Jaén, para la que contarían con la connivencia del jefe de servicio de Infraestructura del ente provincial, Miguel Ángel Cruz Garrido, «el cual recibiría en contraprestación equipos electrónicos como regalo».
Precisamente, este es uno de los imputados a los que la jueza tomó ayer declaración, después de que la Guardia Civil le dejara en libertad con cargos. La jueza destaca que justo «cuando comienzan los regalos a este funcionario, comienza a incrementarse la facturación de Fitonovo en la Diputación de Jaén», pasando de los 48.000 euros de 2003 a los 465.572 en 2013.
Entre los imputados que también desfilaron ayer ante la magistrada, se encontraba el portavoz de Coalición Canaria en Lanzarote, Sergio Machín, quien contestó a las preguntas de la jueza, que lo dejó en libertad con cargos. Alaya también tomó declaración a otros cinco, la mayoría empleados de Fitonovo, que también quedaron libres. De hecho, todos fueron puestos en libertad por la Guardia Civil tras su detención. La jueza seguirá la semana que viene con estas citaciones.
El operativo sigue teniendo consecuencias políticas y ayer dimitió el segundo teniente de alcalde de La Carolina, Cristóbal Pérez Martínez (PP), que el jueves quedó libre con cargos. Pérez también habría percibido mordidas que salían de las arcas públicas, ya que Fitonovo sumaba este coste a la facturación total o dejaba sin ejecutar parte del contrato para costearlas. En Sevilla, el portavoz del Gobierno local, Curro Pérez, instó a los ediles de IU a dar explicaciones por la imputación de su vocal en la comisión de mercadillos.
