La jueza Mercedes Alaya ha descartado los recursos presentados por las defensas de los primeros intrusos que declararon por su inclusión de forma irregular en algún expediente de regulación de empleo (ERE). De esta forma la magistrada confirma más de 4,5 millones impuestos en concepto de fianza para asegurar la responsabilidad civil a más de una decena de imputados, según confirmaron fuentes del caso.
Cuando se produjeron estas primeras declaraciones, hace ya un año, la Fiscalía Anticorrupción no había solicitado aún que se interpusieran estas fianzas, en las que se les reclama el dinero cobrado de forma ilegal más un tercio. Fue en diciembre del año pasado cuando Alaya decidió imponer a 16 intrusos fianzas que en total sumaban casi 4,8 millones de euros. Las defensas recurrieron su decisión y ahora, seis meses después, es cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 6 los ha rechazado.
Sin embargo, no todos los abogados recurrieron ante el juzgado, sino que uno de ellos optó por acudir directamente a la Audiencia Provincial. Es el caso, del letrado del exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, José Manuel García Quilez, que reclamó ante la instancia superior la retirada de la fianza. La magistrada impuso a Rosendo de 146.770,68 euros como responsabilidad social, aunque ella misma recordaba en el auto que el exalcalde ya consignó los 112.900,53 euros que recibió como beneficiario de una póliza.
Alaya, por tanto, no se ha pronunciado sobre la fianza de Rosendo, que aún no ha sido resuelto por la Audiencia, en la decena larga de autos que ayer notificó a las partes personadas en el caso. El contenido de los autos es similar, haciendo referencia a las circunstancias y argumentos por los que rechaza las peticiones de los diferentes letrados.
Entre los intrusos a los que le impuso estas fianzas en el auto del pasado mes de diciembre, destaca la de la propietaria del restaurante sevillano Río Grande, Carmen García Sánchez, fijada en 1.990.689,36. Alaya estimó entonces esta cantidad, ya que por su condición de empresaria tiene "un mayor grado de responsabilidad, por su mayor capacidad de actuación y de decisión, no sólo para lucrarse a sí misma sino a otras personas, y por su interrelación con el resto de los actores de la trama".
La fianza de fernández. Otro de los asuntos que tiene en la actualidad sobre la mesa la jueza, es resolver qué cantidad le impone de fianza al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, a quien envió a prisión el pasado 24 de abril tras cuatro días declarando y una madrugada, en la que estuvo a la espera de conocer si iba o no a la cárcel. Anticorrupción solicitó que a Fernández se le impusiera una fianza de 890.052.666 euros. La Junta, en cambio, reclamó que fuera de 68 millones.
