La jueza Mercedes Alaya, llegando a los juzgados. Raúl Caro (EFE)
La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha atendido la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y ha acordado elaborar y posteriormente elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) respecto a los cuatro exconsejeros de la Junta que se encuentran 'preimputados' en la causa y que son aforados dada su condición de parlamentarios andaluces.
En una providencia fechada el pasado 2 de diciembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada atiende así la petición realizada por el Ministerio Público, que le urgió para que "a la mayor brevedad posible" elevara a la Sala de lo Penal del TSJA una exposición razonada respecto a los exconsejeros de la Junta Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Avila y Manuel Recio.
De este modo, la juez "tiene por evacuado el trámite que confiere el párrafo primero del artículo 759.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal" y acuerda que los autos "queden sobre la mesa para elaborar exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía".
El párrafo primero del artículo citado señala que "ningún juez de Instrucción, de lo Penal, o Central de Instrucción o de lo Penal, podrá promover cuestiones de competencia a las Audiencias respectivas, sino exponerles, oído el Ministerio Fiscal por plazo de un día, las razones que tenga para creer que le corresponde el conocimiento del asunto".
Respecto al resto de peticiones contenidas en el escrito de la Fiscalía, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla señala en la providencia que, "antes de resolver sobre los mismos, dese traslado a las partes personadas por término de tres días para alegaciones". En la providencia, además, la magistrada une a la causa "el oficio recibido del Tribunal Supremo junto con certificación del auto dictado por la Sala de lo Penal de este Alto Tribunal" en la que acordaba abrir una causa contra los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera.
EL ESCRITO DE ANTICORRUPCION En el escrito, cabe recordarlo, la Fiscalía pidió a la juez que elevara una exposición razonada al TSJA a fin de "agilizar y evitar mayores demoras en la instrucción de la presente causa" y después de que el Tribunal Supremo únicamente asumiera la competencia para investigar "a los aforados pertenecientes al Congreso y Senado", como son los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros Mar Moreno, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías.
Asimismo, la Fiscalía recuerda que el Alto Tribunal argumentó en su auto que, "tal como sostiene el Ministerio Fiscal, en principio es posible investigar y enjuiciar de forma independiente los hechos relativos a la ideación, diseño, organización y establecimiento del sistema, así como las actuaciones consistentes en decisiones que en el tiempo supusieron su mantenimiento operativo, en las que indiciariamente han intervenido los aforados ante esta Sala, junto con los hechos concretos imputados a cualquiera de ellos".
"Lo acordado por nuestro Alto Tribunal de separar la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento de las personas aforadas ante el mismo del resto de personas aforadas ante otro Tribunal e imputados en la presente causa, permite" que la instructora, "con carácter previo a remitir las actuaciones a la Sala del Tribunal Supremo de 'todo aquello que tenga relación'" con las personas aforadas, proceda a la formación de piezas separadas.
En este sentido, Anticorrupción considera que la pieza relativa al denominado procedimiento específico "deberá seguir siendo objeto de instrucción" por la juez, "debiéndose remitir testimonio de la misma tanto al Tribunal Supremo como al Tribunal Superior de Justicia en su caso, testimonio que podrá actualizarse con el resultado material de las diligencias que se sigan practicando en esta sede judicial".
LAS AYUDAS A LA SIERRA NORTE DE SEVILLA De su lado, y en relación a la pieza relativa a las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla, la Fiscalía también considera que "deberá seguir siendo objeto de instrucción" por parte de Alaya, "debiéndose remitir testimonio de la misma al Tribunal Supremo conforme al contenido de la exposición razonada" con respecto al exconsejero José Antonio Viera, diputado en el Congreso, un testimonio que igualmente "podrá actualizarse con el resultado material de las diligencias que se sigan practicando" en el Juzgado.
El Ministerio Público precisa que "las piezas que se formen para la instrucción y enjuiciamiento de las singulares ejecuciones en que se tradujo materialmente el procedimiento específico --ayudas sociolaborales y a empresas-- son competencia, a la fecha, del Juzgado" de Alaya, "estando algunas de ellas en un estado de instrucción tan avanzado --Aglomerados Morell, Surcolor, Saldauto, Matadero de Fuenteobejuna, Riogrande, Acyco, Calderinox, Hotel Cervantes, Mercasevilla--, que sería posible abrir la fase de enjuiciamiento en el año 2015".
"No obstante, la carga de trabajo del juzgado y lo ingente de la tarea hace inoperante la división de la causa en piezas si no se produce de forma inmediata a la necesaria provisión de jueces de apoyo, dotados de recursos humanos y materiales, que permitiese avanzar simultáneamente en la instrucción de las piezas que se formen", asevera la Fiscalía.
De otro lado, el Ministerio Público solicitó a la magistrada la práctica de otras diligencias "necesarias para el avance de la instrucción", como son que se proceda a la ratificación judicial de los informes periciales elaborados por la Intervención General de la Administración del Estado; que sean oídos en calidad de perito-testigo los integrantes del equipo de fiscalización de la Cámara de Cuentas, y que se proceda a la ratificación judicial de los informes periciales elaborados por la Dirección General de Seguros.
AGENCIA TRIBUTARIA
También reclamó que se oficie a la Agencia Tributaria para que informe del estado actual de la pericia y auxilio jurisdiccionales acordados, en particular de los informes de delito contra la Hacienda Pública imputados en la causa, y que sean oídos como testigos en sede judicial nueve personas que ya han declarado ante los agentes de la Guardia Civil entre febrero de 2012 y enero de 2014.
Por último, la Fiscalía solicitó que, "habiéndose acogido un número importante de imputados a su derecho a no declarar, alegando como razón principal la incompetencia de Juzgado al que se dirige el presenteescrito, y a la vista de lo resuelto por el Tribunal Supremo", se de traslado a los imputados en la causa "por si conforme a lo resuelto muestran su disposición a declarar nuevamente en sede de instrucción".
