La jueza Mercedes Alaya, que investiga la causa por los expedientes de regulación de empleo irregulares (ERE), ha imputado cuatro delitos, con carácter continuado, al exdirector general de Trabajo Juan Márquez, quien sustituyó en el cargo a Francisco Javier Guerrero, en prisión desde el pasado 21 de marzo. En concreto, la magistrada la imputa un delito de malversación de caudales públicos, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación activa omisiva y falsedad documental.
Alaya, que ha comenzado como ya es habitual la declaración con casi hora y media de retraso, le ha leído a Márquez los hechos que se le imputa, tras lo que, después de un breve receso, el exalto cargo ha comenzado a declarar. En concreto, la magistrada cree que Márquez mantuvo el sistema de ayudas iniciado por Guerrero, pese a que era "jurídicamente inexplicable" y pese a que un informe de Garrigues de julio de 2009 alertó de sus irregularidades. "Con su conducta continuó el procedimiento de Guerrero a sabiendas de su ilegalidad", ocultándolo a la Fiscalía y a las autoridades judiciales e "incumpliendo el artículo 133 del Estatuto de Autonomía". Un artículo que hace referencia a que la Junta sirve "con objetividad al interés general y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia", entre otros, además de con "imparcialidad, transparencia, lealtad institucional, buena fe, protección de la confianza legítima, no discriminación y proximidad a los ciudadanos, con sujeción a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico".
Según la jueza, pese a conocer este informe y dos más que hacían referencia a las empresas del exchófer de Trujillo y de los empresarios de la Sierra Norte Rafael Rosendo y José María Sayago, continuó con un procedimiento "que favorecía a personas próximas al PSOE y a la Junta" con fondos públicos. De hecho, asegura que bajo su mandato se concedieron 154 millones de euros en ayudas, 50 de los cuales fueron entregados a 114 empresas tras conocer los citados informes.
Para la jueza Márquez no sólo siguió otorgando ayudas y permitiendo la inclusión de intrusos en los ERE, como en el de Calderinox y Surcolor, sino que desvió "fondos públicos" a las mediadoras de los expedientes que cobraron "comisiones que superaban en un 15% a las establecidas en el mercado". Además, cree que al ser de Huelva quiso favorecer a empresas de esta zona con ayudas a unas 30 empresas, excluyendo a Astilleros y la franja pirítica".
Por último, la magistrada cree que con su actitud ante el ERE de 2007 de Mercasevilla, le causó "un quebranto económico" a la entidad de nueve millones de euros. Este ERE fue comprometido por Guerrero un día antes de su cese, pero luego la Junta no quiso hacerse responsable del mismo.
Juan Márquez ha asegurado a su llegada que contestará a las preguntas de la jueza y que tiene su conciencia "muy tranquila".
