"Estás sentado en el sofá de tu casa y de repente ves por la tele cómo un tsunami se lleva todo lo que conoces por delante". Ésta es la imagen que tiene en la cabeza el consejero de Educación en funciones, Francisco Álvarez de la Chica. Asumió la cartera con el ambicioso proyecto de mejorar el sistema de selección de profesores, para contar con los más preparados, y dos años después, con la legislatura extinta, se enfrenta al posible despido de 15.000 docentes andaluces. "El recorte de 3.000 millones en educación que ha planteado el Gobierno dejará el sistema escolar como estaba en el 78, con aulas masificadas y escasez absoluta de recursos", dice.
Si el ajuste es inminente, la escuela andaluza tendrá que prescindir el próximo curso de los 13.500 interinos que ahora tiene en activo. El ahorro en el capítulo de personal ascendería a 400 millones de euros (Andalucía tiene que asumir un recorte mínimo en educación de 600 millones de los 3.000 anunciados). "El aumento de la jornada lectiva de los funcionarios que prevé el Gobierno supondrá la eliminación de 7.000 interinos, y el aumento de la ratio escolar, otros 7.000", explica.
El recorte de 10.000 millones para sanidad y educación anunciado esta semana por el Gobierno de Mariano Rajoy ha cambiado por completo el escenario político de la región. Andalucía, dice De la Chica, "perderá más profesores con el recorte de Rajoy que con el recurso judicial que planea sobre las oposiciones de Secundaria". A finales de semana, el Ejecutivo central tiene que decidir si finalmente recurre la convocatoria andaluza. La Junta oferta en junio 2.300 plazas de ESO, una cifra por encima del límite que ha impuesto el Estado en la tasa de reposición. El Gobierno no permite por ley que las comunidades cubran más del 10% de las vacantes que dejen los profesores jubilados.
Hace meses que la incertidumbre de un recurso que paralice la convocatoria pesa sobre los 33.000 opositores andaluces. Esa ansiedad se acrecentó con el repentino cambio de temarios que aprobó el Ministerio de Educación hace mes y medio y porque la cartera de Hacienda puso a la Abogacía del Estado a estudiar las posibilidades legales para paralizar las oposiciones. Fuentes del ministerio que dirige José Ignacio Wert aseguran a este periódico que "probablemente el Gobierno lo dejará estar" y "no recurrirá" las oposiciones. La decisión, en todo caso, es de Hacienda. Según explican estas fuentes, el Gobierno no quiere "acrecentar la imagen de ensañamiento con Andalucía" que están explotando los socialistas para "atacar a Rajoy" y "eludir" todas las medidas "de responsabilidad con el ahorro".
"No me extraña que hayan tirado la toalla", dice De la Chica, "han ido a por la subasta de fármacos, pero no contra las oposiciones porque jurídicamente lo tenemos bien cogido". El grueso de la oferta de plazas de Andalucía está protegida por el Estatuto del Empleado Público, para consolidar puestos que ya ocupan interinos y dar estabilidad al sistema.
El consejero cree que "Andalucía ha ganado una batalla importante al Estado al preservar las oposiciones", aunque admite que "con el recorte en educación de Rajoy, el Gobierno ya no necesitaba recurrir las oposiciones". "Habrá que restar a 15.000 interinos", dice, la misma cifra de profesores que preveía sumar la Ley de Educación de Andalucía a la plantilla andaluza. Si los interinos desaparecen, ¿quién cubre las bajas de los funcionarios enfermos? La Junta teme que el Gobierno prepare una ley que les impida contratar personal eventual. En ese caso, el excedente de horas lectivas de la plantilla serviría para cubrir las bajas médicas. Un funcionario tendría excedente de horas de libre disposición por si surgieran bajas, pero las horas de refuerzo para alumnos con más necesidades desaparecerían.
El ministro José Ignacio Wert ha convocado mañana a los consejeros del ramo para explicarles de dónde saldrán los 3.000 millones. Hay dos fórmulas para reducir nóminas, que ya han sido aplicadas por el PP en Madrid, Castilla La Mancha y Valencia. La más básica será cambiar la LOE para ampliar de 35 a 37,5 la jornada laboral, siendo esas dos horas de más de horario lectivo. La otra es elevar la ratio legal entre cinco y diez niños más por aula (actualmente está en 25 en Primaria y 30 en Secundaria).
