Diez comunidades autónomas pactaron el viernes un documento que viene a sumarse al debate abierto sobre las deficiencias del sistema judicial. Andalucía se quedó al margen de este pronunciamiento, que urge al Gobierno central, entre otros asuntos, a poner en marcha ya la oficina judicial.
La cita se produjo en Barcelona con motivo de unas jornadas sobre la justicia gratuita, pero terminó con un pronunciamiento unánime de todas las comunidades. Según informó Efe, la consejera andaluza de Justicia, Evangelina Naranjo, no asistió a la cita por motivos de agenda y tras la iniciativa de sus homólogos eludió valorarla. El texto apoyado de forma unánime por las comunidades autónomas con competencias transferidas en la materia llega en un momento en el que muchas asambleas de jueces tienen convocadas huelga por falta de medios.
Las comunidades apuestan por una "reforma en profundidad" de la Justicia, en la que quieren participar activamente. Pidieron reunirse "de forma inmediata" con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para establecer el calendario de modernización de la Justicia. Se trata de los consejeros de Cataluña, País Vasco, Galicia, Canarias, Navarra, Asturias, Cantabria y Aragón, y dos representantes de la Comunidad Valenciana y Madrid.
Las conclusiones pivotan sobre tres ejes: la reforma de la justicia gratuita, la implantación de la nueva oficina judicial -pendiente de la Ley Orgánica del Poder Judicial- y la implantación de las nuevas tecnologías. Otro de los temas principales es la gestión del personal al servicio de la Administración, pues las comunidades autónomas quieren mayores competencias para así poder convocar plazas y seleccionar a los aspirantes.
Para implantar la nueva oficina judicial, los consejeros exigen al Ministerio de Justicia que convoque las plazas de secretarios judiciales necesarias para desplegar los servicios comunes procesales y que se comprometa a sufragar el coste de interconectar los distintos sistemas informáticos.
Hicieron un especial hincapié en la necesidad, no sólo de implantar el expediente electrónico en todos los órganos judiciales, sino de obligar a utilizar las nuevas tecnologías a los jueces, secretarios judiciales, funcionarios, procuradores y el resto de profesionales que trabajan en este ámbito.
Con el fin de reducir el colapso, los consejeros abogan por reformar la Ley de Justicia Gratuita para que se informe al beneficiario del coste que tiene el servicio.
