“¿No es más cierto que la Junta de Andalucía ideó este sistema para disponer de fondos y tener las manos libres para disponer de fondos sin control previo ni posterior en beneficio de determinadas personas y en perjuicio del resto de la población?”. Esta es la pregunta con la que la Fiscalía Anticorrupción terminó su interrogatorio al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que ayer declaró por tercer día consecutivo imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. El exconsejero defendió de nuevo el sistema y el convenio que posibilitó las ayudas asegurando que hay un informe de la Intervención avalándolo. Varias acusaciones ya mostraron su intención de solicitar su ingreso en prisión.
Con esa pregunta el fiscal dejó muy claro ayer cuál es su opinión sobre el convenio firmado por Fernández en 2001 cuando era viceconsejero de Empleo y presidente del IFA y por el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera. Un convenio que permitió hechos tan graves como acceder a fondos públicos para beneficiar a personas del entorno de la administración y del PSOE. Una teoría que, desde luego, comparte con la jueza y que Fernández negó con un “no es cierto”.
De hecho, ayer el exconsejero, a preguntas del fiscal, dijo que existe un informe de la agencia IDEA refrendado por la Intervención General de la Junta que avalaría el convenio firmado en 2001, que posibilitó las ayudas a empresas en crisis y las pólizas individuales. Dicho documento no está aportado a la causa, ni tampoco un escrito que hace referencia a dicho informe, que podría ser entregado más adelante por alguna de las defensas.Este informe se hizo a petición del exdirector general de Trabajo Juan Márquez a su llegada al cargo tras sustituir a Francisco Javier Guerrero, el principal imputado en el caso de los ERE irregulares. Fue en 2008 cuando Márquez, a quien Fernández le encargó que revisara el “estado general” de la dirección, solicitó dicho documento a la Agencia IDEA, el antiguo IFA. El resultado, que está recogido en un escrito, es que este organismo, refrendado por la Intervención, señaló que, en “general”, el procedimiento era “correcto”. Eso sí, debido a un cambio en la normativa de 2008, recomendó que el sistema de pago se cambiara y que en lugar de las transferencias de financiación se hicieran por encomiendas de gestión. Un cambio que se llevó a cabo. Sin embargo, admitió que al Consejo Rector del IFA llegaban las solicitudes de ayudas sin expedientes, a lo que la jueza Mercedes Alaya le recriminó si no los pedía. “No”, contestó Fernández, respondiéndole la magistrada si “sabe que está dando un titular de prensa”.
Anticorrupción insistió en la publicidad de las ayudas, preguntándole por qué no se publicó el convenio marco. Fernández dijo que ninguno de los servicios técnicos y jurídicos que intervinieron en la firma del documento en 2001 señaló que dicho documento debía ser publicado.
El abogado de Fernández, Afonso Martínez del Hoyo, precisó que el exalto cargo dejó claro en su declaración que las apreciaciones que se hacían a los convenios con las empresas para lograr ayudas se tenían en cuenta y se recogían si se veía algo que era dudoso. Así, recordó que fue Fernández el que paralizó el pago del segundo ERE de Mercasevilla, pese a que Guerrero se había comprometido a ello.
Antes de la Fiscalía, la jornada comenzó con las últimas preguntas de Alaya centradas en la inclusión de Fernández en el ERE de las bodegas jerezanas González-Byass, en las que trabajó. Éste defendió la legalidad de su despido, por el que le correspondían 31.000 euros, y se mostró “indignado” ante las acusaciones de la jueza de que él tramitó el ERE y se incluyó de forma irregular, ya que negó que participara en su tramitación.
El exalto cargo rechazó que él negociara el ERE de la bodega, explicando que en 2008 tuvo una reunión con los directivos de la empresa que acudieron a su despacho para explicarles el expediente y comunicarle su despido. Fernández tenía entonces una excedencia por ocupar un cargo público, excedencia que solicitó cuando fue elegido concejal en Jerez de la Frontera. La jueza considera que a él no le correspondía el despido ni la póliza de prejubilación porque no renovó la excedencia y, por tanto, ya no era trabajador. Él, en cambio, sostiene que sí le correspondía porque al ser una excedencia por cargo público no tenía que renovarla.
Así, dijo que “verbalmente” comunicó tanto a la empresa como a los representantes de los trabajadores que no iba a participar en las negociaciones, al considerar que debía abstenerse. Es más, no cobró la póliza por prejubilación porque ni siquiera fue a firmar el ERE cuando lo hicieron los 93 trabajadores de la empresa.
