La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto este miércoles a la petición de libertad planteada por Juan Francisco Trujillo, exchófer del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero y que se encuentra en prisión desde el pasado 21 de marzo, por entender que existe riesgo de fuga y no han prescrito los delitos que se le imputan en el caso de las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica.
En una vista celebrada a puerta cerrada en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, el abogado de Trujillo, Antonio Aguilar, ha solicitado la puesta en libertad de su patrocinado por considerar, al contrario que el Ministerio Público, que no existe riesgo de fuga ni tampoco de que pueda destruir pruebas, así como que habrían prescrito los delitos imputados.
Por su parte, la acusación que ejerce el PP-A se ha opuesto a la petición de libertad por estimar que existe la posibilidad de que el detenido destruya pruebas, sobre todo después de que en el borrador del informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía se haya dado a conocer que Guerrero ordenó a Estudios Jurídicos Villasís que pagara 30.000 euros a una empresa de su exchófer.
El imputado ha estado presente en la sala por videoconferencia desde la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla), aunque ha optado por no hacer uso de la posibilidad que tenía de intervenir durante la vista.
