La posición como acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía en el caso de los ERE se ha visto refrendada con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, que se ha opuesto a la petición del sindicato Manos Limpias de expulsarla de la causa. El Ministerio Público entiende que la petición "no tiene fundamento" y considera que la Administración andaluza como parte afectada está intentando recuperar los fondos públicos defraudados.
Fuentes del caso han explicado que el fiscal ha remitido un escrito en el que constesta a la petición de Manos Limpias, que también está personada en el caso, y que considera "inaudito" la posición de la Junta. En su solicitud, el sindicato llegaba a decir que la Junta estaba tomando en el caso una actitud "de defensa de los acusados, más propia de parte acusada", que de acusación particular. Es más, reclama a la jueza Mercedes Alaya que reconduzca la situación y que la considere responsable civil del fraude, que según la magistrada alcanza los 855 millones de euros.
Sin embargo, para la Fiscalía este planteamiento cerece de "fundamento" y asegura que la Junta está personada como parte perjudicada y, por tanto, para tratar de recuperar el dinero público defraudado con los ERE. Por ello, reclama a Alaya que a mantenga en el procedimiento y no acceda a su expulsión.
