La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al recurso presentado por la defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández solicitando su libertad, después de que el pasado 24 de abril fuera encarcelado tras prestar declaración durante cuatro días ante la jueza que investiga las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), Mercedes Alaya. Según el Ministerio Público, los motivos que le llevaron a solicitar la prisión para el exalto cargo de la Junta son los mismos que entonces, pues las circunstancias no han variado.
El letrado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, recurrió el auto de prisión ante la Audiencia Provincial alegando, entre otros motivos, que éste "está cuajado de suposiciones y conjeturas". El abogado asegura que "no concurren los presupuestos necesarios para la adopción de la medida de prisión", ya que los hechos que se le imputan están basados "en meras sospechas". El recurso insiste en el "arraigo familiar, laboral y económico" del exresponsable de Empleo que tumbaría el riesgo de fuga alegado por la jueza.
Sin embargo, para la Fiscalía "ninguna circunstancia ha cambiado" para que Fernández salga en libertad. El Ministerio Público, de hecho, considera que la magistrada recogió toda su argumentación en el auto que envía a prisión al exconsejero y, por ello, se opone, a que salga de la cárcel. Así, recuerda que "el imputado ha tenido junto con otras personas, una importante y decisiva participación" en los hechos que investiga el Juzgado de Instrucción número 6. Además, recuerda la elevada pena a la que puede ser condenado Fernández, que podría llegar a superar "los 18 años de prisión". Para el fiscal, el exalto cargo podría "influir" en otros testigos e imputados que aún no han declarado en la causa y cree que tras conocer la gravedad de los hechos que se le imputan "pueda fugarse".
Fernández ingresó en prisión el 24 de abril a primera hora de la mañana, tras estar toda la noche y la madrugada esperando a conocer si iba o no a prisión. La magistrada le envió a la cárcel imputado por los delitos de cohecho, falsedad documental, negociación y actividad prohibida a funcionario, y los continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y de obtención ilegal de ayudas públicas.
Su letrado cree que el hecho de que conociera esta "extensa" imputación poco antes de declarar, hasta entonces estaba imputado por tres de ellos, le causó "indefensión". La jueza, además, aún tiene que decir si le impone la fianza de 890 millones de euros que le reclama el fiscal.
