El pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con el único voto del PSOE, la proposición de ley del Agua de Andalucía, una norma que permitirá contar con un marco normativo propio para gestionar sus recursos hídricos, una vez culminado el traspaso de las competencias sobre todas las cuencas hidrográficas.
Tres meses después del error cometido por el PSOE-A en la votación de la ley de Aguas, que permitió la incorporación de 29 enmiendas del PP, el Parlamento andaluz ha recuperado prácticamente el texto de la norma, a la que, no obstante, el grupo socialista ha llegado a incluir un total de 116 enmiendas.
El contenido de la ley, que ha salido adelante con los votos del PSOE, el rechazo del PP y la abstención de IU, está basado en el Acuerdo Andaluz por el Agua y asigna los usos del agua conforme a las prioridades de reactivación económica, creación de empleo y cohesión territorial.
Entre sus principales novedades incorpora la creación de bancos públicos de agua, que permitirán adquirir el recurso en zonas excedentarias para emplearlos en otros usos, facilitando así una distribución más ajustada a las necesidades de cada zona.
La Administración podrá realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso con la idea de mejorar el estado ecológico, constituir reservas para los fines previstos en la planificación hidrológica y ceder recursos a las entidades supramunicipales o a otros usuarios.
La ley implantará un régimen económico-financiero que fija el denominado principio de recuperación de costes, de forma que el precio del agua estará en consonancia con su consumo efectivo y las cantidades recaudadas se reinvertirán en los proyectos previstos en el plan de infraestructuras y en la protección y regeneración de las masas de agua, es decir que "fomenta el ahorro y penaliza el despilfarro".
Prevé la constitución del Observatorio Público del Agua, órgano que se encargará de fijar estándares de calidad sobre el servicio que se presta a los usuarios para poder así establecer las tarifas con criterios claros y transparentes.
Respecto al ciclo integral, reconoce el mantenimiento de las competencias de las entidades locales sobre abastecimiento y depuración, aunque establece que la Junta podrá intervenir subsidiariamente en determinados casos.
Por primera vez, se exigirá a los usuarios la necesidad de obtener autorizaciones para extraer agua de pozos por debajo de los 7.000 metros cúbicos", cuando la masa de agua esté declarada en riesgo de sobreexplotación, lo que pretende evitar que los acuíferos estén en peligro.
La portavoz de Medio Ambiente del PP-A, Carolina González Vigo, ha destacado que esta es la "segunda ley en tres meses", de forma que la norma "socialista" del Agua ha pasado de ser una "ley estrella a una ley estrellada", hasta el punto de que el Gobierno andaluz "se ha quedado solo ante la sociedad andaluza".
Ha destacado que el PSOE haya presentado 116 enmiendas parciales a la norma, y se ha mostrado convencida de que la Ley del Agua que sale del Parlamento es la de un Gobierno "agotado y sin rumbo", al tiempo que ha reclamado la necesidad de un recurso escaso que no le cueste tanto dinero a los administrados.
El parlamentario de IULV-CA Ignacio García ha dicho ve "con contrariedad" cómo "se ha pervertido" el proceso de aprobación de la Ley de Aguas durante los últimos meses en el Parlamento, ya que en la ley original se producían avances en la participación social del diseño en el ciclo integral del agua.
El diputado socialista Fidel Mesa, que ha rechazado las críticas de la oposición sobre la "improvisación" a la hora de elaborar la ley, ha señalado que la introducción de 116 enmiendas tienen como objetivo la necesidad de "cumplir de compromisos" del presidente de la Junta en sede parlamentaria sobre la reestructuración del sector público empresarial, y los recortes en el gasto.
