Para defenderse de las nuevas exigencias de la Ley de Aguas de Andalucía, sobre todo en lo que a los pagos de cánones se refiere, y acceder a las ayudas públicas para modernizar sus instalaciones de riego, la patronal agraria Asaja ha gestado una nueva asociación de regantes, bautizada como REGA, que ampara a los agricultores que irrigan a partir de manantiales y pozos, hasta ahora ausentes de las comunidades de regantes, de ahí que tuvieran que pelear siempre en solitario.
Con ese nacimiento de REGA, ya son tres las asociaciones de regantes en la región, pues se suma a Feragua y a Areda, esta última impulsada desde la organización agraria UPA. Se revela, así, la importancia del agua para el campo y la constante polémica entre éste y la Administración hidráulica (la Agencia Andaluza del Agua, que gestiona las cuencas hidrográficas de la comunidad y decide los recursos para el riego).
Según datos de Asaja, que ayer presentó REGA, Andalucía cuenta con más de un millón de hectáreas de regadío, y casi la mitad se abastecen de pozos, manantiales y tomas directas del río o balsas privadas. Es decir, no dependen del denominado sistema de la regulación general de los ríos -los pantanos cuyas aguas se destinan a usos agrícolas-, y su control deja mucho que desear. Éste lo refuerza la nueva legislación al poner el énfasis en las autorizaciones para extraer agua.
"Los pozos son los grandes olvidados", indica Asaja. "No hay estudios sobre ellos, ni están contabilizados. Existe una gran falta de control". Y ello pese a que, explica, la expansión del regadío en la última década se ha sustentado sobre las aguas subterráneas -de 208.616 hectáreas en 1997 a las 423.523 en 2008, un 38,2% de la superficie regada-.
De hecho, cada verano, sobre todo en los años de sequía, es habitual ver las máquinas de sondeos -con autorización o sin ella- en las fincas pinchando la tierra cada vez a más profundidad para sacar más y más. Hacia el mismo centro del acuífero.
La patronal presidida por Ricardo Serra hace referencia también a la "discriminación" sufrida por los agricultores a los que REGA da ahora cobijo pues, al no estar como socios en comunidades de regantes, no tenían la posibilidad de recibir subvenciones a la modernización de sus sistemas de riego.
"Queremos poner fin a esa discriminación", indica Serra, quien también asume la presidencia de la asociación naciente. En cambio, el resto de regantes ha podido adaptarse a los tiempos instalando infraestructuras de riego más eficientes. REGA cuenta, por ahora, con 10.000 afiliados.
