La consejera de Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, pidió ayer "respeto y cautela" ante la denuncia que la Fiscalía de Sevilla presentó por presuntos malos tratos cometidos por trabajadores de la residencia de discapacitados que los Franciscanos de Cruz Blanca tienen en Montequinto (Dos Hermanas). Recordó que su departamento "vela constantemente por la adecuada atención y seguridad" de las personas atendidas en este tipo de centros.
La consejera confirmó que fue en diciembre de 2009 cuando presentaron una denuncia ante el fiscal por supuestas irregularidades en la gestión de esta residencia que cuenta con 30 plazas para discapacitados intelectuales, todas ellas concertadas.
Ya entonces Bienestar Social abrió un expediente por incidencias de "menos gravedad" detectadas en una inspección, relacionadas con la existencia algunos lotes de alimentos caducados o irregularidades en las instalaciones de carácter leve.
Dicho expediente, al abrirse la investigación judicial, está "paralizado", tal y como comunicó ayer la propia Fiscalía de Sevilla en un oficio remitido a la consejería. Igualmente, subrayó que su departamento, respondiendo a su obligación, denunció las supuestas irregularidades "de modo inmediato en cuanto tuvo conocimientos de los hechos", cuya naturaleza no quiso precisar si bien incidió en que, a grandes rasgos, "presuntamente no estaban actuando de forma correcta en la atención de las personas que allí se encontraban", que, insistió, "no son menores, aunque sí incapacitadas legalmente".
Preguntada por la posibilidad de que se exija a la Junta de Andalucía responsabilidad civil subsidiaria en este caso por tratarse de un concierto, si prospera la investigación, dijo que "en ningún momento" el fiscal está requiriendo "nada en esta línea" y que, además, es "difícil" teniendo en cuenta que presentaron ellos mismos la denuncia.
La consejera subrayó que la Junta de Andalucía mantiene un servicio de inspección activo durante todo el año en centros públicos, privados y concertados que prestan atención a menores, mayores o discapacitados y defendió la "profesionalidad" de los trabajadores del sector.
