El profundo proceso de reestructuración que están experimentando las cajas de ahorros, inmersas en diversos movimientos de integración, alianzas o fusiones frías vía Sistema de Protección Institucional (SIP), se culminará con la que ha venido siendo una recurrente demanda del sector. El Consejo de Ministros aprobará hoy el proyecto de reforma de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA), que les abre un nuevo escenario y múltiples opciones.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió ayer con representantes de la patronal CECA, la Confederación Española de Cajas de Ahorros, para informarles personalmente de los cambios que introducirá la reforma.
Entre los más sustanciales, destaca la posibilidad de que las cajas puedan emitir cuotas participativas, una especie de acciones, con derechos políticos. El límite de emisión de dichas cuotas, que se traduce en la apertura al capital privado, será el 50% del patrimonio de las cajas, con el fin de evitar su desnaturalización, explicó Zapatero, que valoró que se trata de una "reforma de calado, imprescindible para la modernización y la eficiencia de nuestro sistema financiero".
La reforma, que tiene como objetivos reforzar la capitalización y la profesionalización de las cajas, se aprobará a través de un decreto ley, ya que se necesita una actualización "urgente" y consideró que éste es el momento "adecuado", pues el Gobierno da por concluido "todo el proceso de reestructuración" del sistema financiero.
Tras la reforma, que espera que cuente con un amplio apoyo parlamentario y de los gobiernos autonómicos, las cajas contarán con un "abanico extenso" de fórmulas para captar capital.
Por un lado, a través de la propia emisión de cuotas, que ahora ganará atractivo porque la propuesta suprime los límites actualmente vigentes a la tenencia de estos títulos por un único inversor (del 5%), al tiempo que se establecen principios de libertad de emisión y retribución de las cuotas (pago de dividendos), que se podrán emitir con derechos desde la entrada en vigor de la reforma.
Pero además, abre otras vías, ya que recogerá la posibilidad de que las cajas que se integren bajo un Sistema Institucional de Protección -lo que se conoce como fusión fría- tengan como entidad central a una sociedad anónima, que puede ser un banco, y ello les permitirá acceder directamente a los mercados.
Asimismo, la reforma dará la posibilidad a las cajas para que éstas puedan traspasar su actividad financiera a un banco y transformarse en una fundación, renunciando a su condición de cajas, a través de la cual se decidirían las actividades de la obra benéfico-social.
No obstante, para tomar cualquier decisión sobre el cambio de modelo de funcionamiento de una caja o su régimen jurídico, la reforma incluye la exigencia de que dos tercios del consejo de administración de la entidad así lo ratifiquen.
Para el presidente del Gobierno todas estas medidas son el resultado del compromiso del Ejecutivo por reformar la ley estatal de cajas, y fruto del diálogo con las propias entidades y el PP, al que ahora se sumará la interlocución con las comunidades y los sindicatos.
En cuanto a la otra pata de la reforma, la profesionalización del sector, se limitará "fuertemente" la presencia de representantes políticos en las cajas, ya que los cargos electos no podrán ser miembros de sus órganos de gobierno y se impedirá la participación en dichos órganos de representantes de la administración ejecutiva.
La nueva ley incluirá exigencias especiales de cualificación y experiencia para al menos la mitad de los miembros del consejo de administración de las cajas, entidades que ahora estarán todas obligadas a elaborar anualmente un informe de gobierno corporativo.
Mientras la patronal CECA aplaudió la "rapidez" y el "amplio consenso" alcanzado con los partidos políticos y el sector para sacar adelante la reforma, los sindicatos criticaron que la norma convertirá las cajas de ahorros en una banca privada.
Los secretarios de Acción Sindical de CCOO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, respectivamente, sostuvieron que el decreto "vulnera" el diálogo social, pues ha sido elaborado desde el "oscurantismo", de espaldas a los sindicatos, sólo cumpliendo con los compromisos adquiridos con el PP y de acuerdo con la patronal. Además, aseguraron que en el decreto "quedan de manifiesto las políticas más exigentes del Banco de España".
Tras reunirse con la vicepresidenta económica, Elena Salgado, los representantes sindicales dijeron que el Ejecutivo reconoció que decidió el contenido del decreto "en 24 horas".
