El ya ex presidente de Cajasur Santiago Gómez Sierra a su salida de la entidad el pasado viernes.
Se esperaba respuesta fulminante y, además de serlo, fue rápida. Su ultimátum se cumplió y en la madrugada de ayer, para tratar de calmar a los clientes, el Banco de España intervenía Cajasur tras el rechazo de ésta a fusionarse con Unicaja, echaba a la mismísima calle a sus hasta entonces gestores -el consejo de administración al completo, con su presidente, el cura Santiago Gómez Sierra, a la cabeza-, y colocaba a tres administradores para asumir las riendas de una entidad financiera al borde de la quiebra. Es la segunda intervención de una caja de ahorros por parte del supervisor en un año, después de que, a final de marzo de 2009, lo hiciera con Caja Castilla-La Mancha (CCM), que aún hoy está pendiente de su futuro puesto que no ha sido absorbida por Cajastur, la entidad elegida por el regulador para adjudicarla. Precisamente en los dos casos la intervención parte del fracaso en los contactos de fusión con la misma entidad, Unicaja, presidida por Braulio Medel. Un obstáculo más en la configuración del nuevo mapa financiero andaluz.
José Antonio Iturriaga Miñón, Tomás González Peña y Francisco Orenes Bo son los nombres de los tres expertos que, elegidos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ejercen desde ayer el control de una caja que se precipitó al abismo tras negarse, con votos de la Iglesia -es su fundadora-, Aspromonte y algunos impositores, al matrimonio con la malagueña, y solicitar, por contra, ayudas de rescate. Y esto último sólo cabe pedirlo para operaciones de fusión o, para el caso extremo, cuando una caja necesita ser intervenida.
Para evitar que los clientes se aposten mañana a las puertas de Cajasur para retirar su dinero, el Banco de España llamó a la tranquilidad, asegurándoles que la intervención permite que la entidad siga operando "con normalidad" y "cumpla sus compromisos frente a terceros", es decir, que los ahorros están garantizados, lo mismo que el abono de intereses a quienes posean títulos de deuda. Y el supervisor financiero español, dirigido por el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, aclaraba que su decisión quedaba justificada por los "problemas de viabilidad" de la cordobesa y la "imposibilidad de culminar" la unión con la malagueña.
No en vano, horas después de esa intervención, el FROB anunciaba que inyectará de forma inmediata 550 millones de euros en Cajasur para que pueda cumplir el requisito mínimo de solvencia y, además, que agregará recursos adicionales para cubrir las necesidades de liquidez, según explicaron fuentes del regulador, que aún no ha calculado a cuánto ascienden estas últimas.
Al cierre de 2009, sus recursos propios se situaban en 444,3 millones, frente a los 967,5 millones que le imponen como mínimo las normas del supervisor para operar. Su ratio de solvencia (relación entre recursos propios y la suma de activos sujetos a riesgo) era entonces del 3,67%, muy por debajo del 8% exigido, según la auditoría realizada por Deloitte y enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Las pérdidas fueron 596 millones de euros y la tasa de morosidad, un 8,47% -de cada 100 euros en créditos, 8,47 no retornarán o es difícil que lo hagan-.
El mensaje de tranquilidad lo lanzaron también el Ministerio de Economía y la Junta de Andalucía, que tutela a las cajas de ahorros cuya sede social se ubica en la comunidad. Así, el Gobierno de José Antonio Griñán lamentó que la operación con Unicaja, tras negociaciones de más de diez meses, se hubiera ido a pique. Su consejero de Economía, Antonio Ávila, cargó contra el Cabildo de Córdoba, pues su negativa "es difícil de entender" y, de hecho, se aprobó sólo por mayoría, con rechazo de los políticos que se sientan en el consejo y de parte de los impositores.
¿Qué ocurrirá? La legislación nacional del FROB, determinante para la reestructuración de las finanzas españolas y cuyas ayudas expiran el 30 de junio, fija que los administradores, que desembarcarán en la sede central de Cajasur en Córdoba capital, a la que ayer ningún miembro del hasta ahora consejo de administración podía acceder, tendrán un mes para elaborar y presentar al Banco de España un informe pormenorizado de su situación patrimonial y de las posibles soluciones para la viabilidad de la misma.
En éstas caben desde la fusión con otra caja designada por el regulador hasta su disolución, pasando por la venta total o parcial del negocio mediante subasta. El supervisor tiene las manos libres, aquí no cabe veto de la Junta de Andalucía puesto que la ejecución del FROB es de ámbito estatal, y el Ejecutivo autonómico optó en su día por no recurrirlo al Constitucional -como sí hicieron otras comunidades-, al considerar que no invadía sus competencias.
Dado que el FROB es posterior al control público de CCM, la actual situación de Cajasur es distinta a la de aquélla. Sin embargo, el que el Banco de España no haya acometido recorte de plantilla alguno en la firma conquense ha sido argumento de peso para que Aspromonte crea que mejor intervenida que sometida a Unicaja. Pero hay otra diferencia: en la castellano-manchega no había un gran excedente ni de oficinas ni de trabajadores, mientras que en la cordobesa, sí.
El Banco de España, eso sí, podría, como ya hizo en CCM, pedir "responsabilidades" por la cuasi quiebra de la caja de ahorros a los hasta ahora administradores, incluidos a los miembros del consejo de administración y a su presidente. Fuentes del consejo admitían ayer a este periódico que, efectivamente, podría pasar, "y ahí están las actas de las reuniones y las votaciones", dijeron, para que determine quién es el responsable de haberla conducido al abismo actual.
Pero hay que tener también en cuenta el contexto. Con esta segunda intervención de una caja de ahorros, Miguel Ángel Fernández Ordóñez manda un claro mensaje al sector financiero: está dispuesto a actuar con dureza para garantizar la solidez de las finanzas contra quienes ponen interferencias -políticas, regionales, etc.- al proceso de "reordenación" del sector. En las próximas tres semanas habrá un sprint final de solicitudes de ayudas al FROB. El 30 de junio será decisivo.
