Un funcionario del juzgado Penal 1 de Sevilla, que no ejecutó una condena previa al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, ha sido condenado a dos años de cárcel por ocultar y destruir ejecutorias judiciales debido a la sobrecarga de trabajo en dicho órgano judicial. En total habría hecho desaparecer unos dos mil documentos, de los que más de setecientos han sido imposibles de recuperar. Sin embargo, la Audiencia tiene en cuenta como atenuante que sufría un transtorno mental por culpa de la sobrecarga de trabajo.
La sentencia de la Sección Séptima, a la que ha tenido acceso Efe, condena a F.P.S.M. a un año y siete meses de cárcel por un delito de falsedad y otros cinco meses por infidelidad en la custodia de documentos.
Se trata de la tercera sanción impuesta en el Penal 1, donde el juez Rafael Tirado ya fue sancionado con una multa de 1.500 euros por el Consejo General del Poder Judicial y la secretaria judicial Juana Gálvez a seis meses de suspensión, todo ello por no ejecutar la condena impuesta a Santiago del Valle, presunto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortés.
Debido a la paralización de la ejecutoria, Del Valle, sobre el que pesaba una condena firme de 21 meses de cárcel por abusar sexualmente de su propia hija, no había ingresado en prisión cuando presuntamente asesinó a la pequeña, en febrero de 2008.
será inhabilitado. Ahora, el funcionario judicial ha reconocido los hechos y ha aceptado la condena de un año y seis meses de cárcel, 620 euros de multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un año y seis meses por un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público; y otros cinco meses de cárcel, el pago de una multa de 360 euros e inhabilitación especial durante otro año y seis meses por un delito de infidelidad en la custodia de documentos. De esta forma, el juicio no ha llegado a celebrarse.
Según los hechos que la sentencia considera probados, el funcionario, con motivo de una visita de inspección del Consejo General del Poder Judicial para investigar la actividad del juzgado, alteró manualmente los Libros de Registro e informáticamente en el sistema Adriano que utilizan los juzgados andaluces, para "hacer pasar por archivados no menos de 267 procedimientos".Cuando el afectado supo que tales hechos estaban siendo investigados, porque se le indicó que iba a cambiar de puesto de trabajo para no obstaculizar esa labor de supervisión, comenzó a destruir y a dejar en el contenedor de reciclaje de papel una serie de documentos que tenía pendiente de unir a diferentes causas.Una vez en marcha la investigación contra dicho funcionario, se hallaron en el citado contenedor diversos documentos destruidos, de los que se han podido reconstruir 1.404 y otros 732 no han podido ser recuperados, según recoge la sentencia.El fallo aplica al trabajador la atenuante de enfermedad mental, al reconocerle un "trastorno ansioso-depresivo y de pánico" derivado, entre otras cuestiones, de "la excesiva carga de trabajo existente en el mencionado órgano judicial, que, a fecha de los hechos, determina que tuviese ampliamente disminuidas sus capacidades de comprender y actuar conforme a dicha comprensión".
