Manifestación, ayer en Sevilla, contra la Ley del Aborto.
La nueva Ley del Aborto entró ayer en vigor con la resistencia de las comunidades de Murcia (PP) y Navarra (UPN) que han mostrado su rechazo a la norma; Galicia (PP), que se niega a informar a las embarazadas y Madrid (PP), que enfatiza su protección a los médicos objetores. Mientras, el Gobierno confía en que en todas las autonomías se aplicará "con toda normalidad" y "sin mayores problemas".Primero la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y poco después el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendieron la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo porque, a su entender, está destinada a prevenir embarazos no deseados y reducir el número de abortos. Ambos, así como el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se mostraron convencidos de la constitucionalidad de la ley y destacaron que ésta ofrece más protección tanto a las mujeres como a los profesionales. Sin embargo, y aunque Aído insistió en "la lealtad institucional" de las autonomías, Murcia y Navarra ya han anunciado su rechazo a la ley.
Así, el portavoz del Ejecutivo navarro, Alberto Catalán, afirmó que la práctica de abortos en Navarra "va a seguir siendo la misma": se garantizará las interrupciones voluntarias del embarazo a las mujeres en los supuestos legales, pero las intervenciones se harán fuera de la Comunidad foral, tal y como hexplicó la consejera de Salud del Gobierno navarro, María Kutz.
Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, aseguró que "no hay razones para acatar" la Ley del Aborto puesto que ésta "todavía no está en su punto y final", debido a que el TC no ha decidido sobre los recursos presentados por el PP y navarra. Igualmente, la portavoz de Política Social del PP, Sandra Moneo, preguntada ayer por estas declaraciones, explicó que las comunidades que gobiernan los populares "harán el máximo esfuerzo por ofrecer a las mujeres y jóvenes toda la información" que necesiten ante embarazos no previstos.
Estas autonomías no han sido las únicas voces críticas con la ley. La Conferencia Episcopal consideró que la norma "impone" en el sistema educativo la ideología abortista y de género". Asimismo, varias asociaciones, encabezadas por el Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM) presentaron ante el TC un recurso colectivo de amparo contra la ley, entre otros motivos, por la "ley de plazos". "La embriología y la ciencia determinan de manera unánime que la vida humana empieza des¬de la concepción. Si el TC quisiera hacer caso a la ciencia en vez de a ideologías, tendría que decir que, al empezar la vida humana en ese momento, habría que respetarla", subrayó el presidente del CJTM, Javier Pérez Roldán.
