“España quizá cuenta con el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional”. El que suscribe es el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero apenas una semana después de la caída de uno de los gigantes del sector en EEUU, Lehman Brothers, marcado como punto de inflexión de la crisis. Era septiembre de 2008 y comenzaban a hacerse patentes en la economía real los efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria. Ni él, ni la oposición ni ningún experto economista previó entonces que casi cuatro años después el país necesitaría que sus aliados en Europa tuvieran que salir al rescate de esa banca de la que el Gobierno presumía y que era envidiada y puesta como modelo por líderes europeos como Gordon Brown. De hecho, era alabada por países que tuvieron que salir a auxiliar a sus bancos en los primeros lances del partido, como Bélgica, Holanda o la ahora exigente Alemania.
Pero no hay que buscar ahí el origen del mal trago por el que pasa hoy el mapa financiero nacional. España ha resultado ser el país más afectado por el desmadre del ladrillo, que sirvió durante los primeros años del siglo para alcanzar cuotas de crecimiento anual de hasta el 5%. La ansiada convergencia con Europa estaba al alcance de la mano y, de una forma fácil, se beneficiaban todos, en apariencia. El mercado inmobiliario español se tornó en Jauja cuando en 1998, en pleno boom de la construcción, el Gobierno de José María Aznar aprobó una Ley de Suelo que abrió la veda a la especulación urbanística, ya que permitía que, salvo que estuviese expresamente prohibido por una disposición jurídica, todo suelo era, a partir de entonces, urbanizable.
La locura se desató. Incluso el ahora ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, defendía en 2002 que “era bueno” que las familias españolas se endeudaran comprando viviendas. Un año después, el actual responsable de la cartera de Economía, Luis de Guindos, afirmaba rotundo que no había burbuja inmobiliaria.
Mientras políticos y empresarios se daban palmadas en la espalda por lo bien que iba todo y los españoles de a pie se endeudaban hasta las cejas al adquirir viviendas, el sistema financiero nacional, fundamentalmente las cajas de ahorros, proporcionaban el abono necesario para que la rueda no parara. Los préstamos hipotecarios a las familias se daban con un poquito más para que también llegara para un coche nuevo y los hogares jugaban a invertir porque sabían que, aunque compraran caro, lo venderían a un precio mayor. La cultura del pelotazo se instaló en un sector que proporcionaba además mucho empleo de baja cualificación y que ofertaba puestos de trabajo bien remunerados.
Pero volvamos a las cajas de ahorros, el origen de gran parte de los problemas que hoy nos afectan. Vinculadas con el territorio y motores en muchos casos de la actividad económica de las zonas en las que operaban, se plegaron a las necesidades crediticias de los grandes constructores y asumieron buena parte de los riesgos que, entonces, no eran visibles. ¿Y si se hundía todo, quién asumiría las pérdidas? No era una opción planteable ni en España ni en ningún país antes de agosto de 2007, cuando estalló la crisis de las subprime en EEUU. Los políticos animaban a las compras, los mismos partidos que se sentaban en los consejos de administración de las cajas de ahorros. De hecho, las Administraciones Públicas eran las promotoras de grandes obras. Hasta el pueblo más pequeño del país podía contar, si se lo proponía y sin problema, con un polideportivo con piscina cubierta incluida, algo que se ha repetido por toda la geografía nacional. Aparentemente, todos estaban de acuerdo con la manera de hacer las cosas que se había instalado en el sistema financiero español.
En 2009 empieza a verse el panorama de otra manera. La fuerte caída del consumo, la escalada del paro y la recesión económica dejaban a las claras que la bonanza de la década 1997-2007 había terminado definitivamente. El primer aviso, Caja Castilla-La Mancha. En marzo de 2009 el Banco de España sale al rescate de la entidad, y apenas tres meses después se pone en marcha un fondo de rescate para bancos, conocido como el FROB, con recursos por hasta 99.000 millones de euros. El Gobierno insta a los bancos de ahorros más débiles a fusionarse para superar sus problemas de insolvencia que ya empezaban a vislumbrarse en sus balances.
Durante el año siguiente, el número de bancos, que entregaban numerosos créditos durante el boom inmobiliario, se redujo a 17, desde alrededor de 45.
Sin embargo, se seguía haciendo hincapié en la fortaleza del sector sobre todo de cara al resto de los socios europeos y a los mercados. España no era entonces el centro de la diana. Grecia era el objetivo. Fue la primera nación del Viejo Continente que recibió un rescate de la Eurozona, aunque el punto de partida del desastre heleno están en las cuentas falseadas que presentó su propio Gobierno. Luego le seguirían Irlanda –por un problema con su banca– y Portugal.
En plena negociación del auxilio griego, en la primavera de 2010, los ojos se vuelven hacia España, hasta tal punto que Zapatero anuncia en mayo una serie de reformas que incluye recortes de salarios para empleados públicos, el fin del cheque bebé y una congelación en el reajuste de las pensiones. El Estado de Bienestar en España se comienza a tambalear. Un mes después llegaría la reforma laboral que tanto solicitaban desde el Banco de España y que le acarrearía una huelga general.
Ahora todos miran, sobre todo los dirigentes del Gobierno del PP, al ya exgobernador de la institución, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, como uno de los principales responsables de la situación a la que ha llegado el país, aunque hasta hace pocos meses su gestión no había sido discutida. Es más, el PP se había apoyado en sus declaraciones en alguna que otra ocasión para incluso decir públicamente que España se parecía cada vez más a Grecia.
Lo que es cierto es que la supervisión del organismo llamado a tal efecto ha brillado por su ausencia. El caso más clamoroso, el recientemente vivido en Bankia. A pesar de las críticas de los populares a que la situación ha llegado a este extremo por la ineficacia de las medidas adoptadas por el Gobierno anterior, este banco estaba formado por una serie de cajas de ahorros en las que el PP tenía un fuerte peso. De hecho, la disputa por hacerse con la presidencia de Caja Madrid –la caja principal de la fusión– en el seno del propio partido en el Gobierno hasta que se eligió a Rodrigo Rato llenaron muchas páginas en blanco.
Y es que tampoco ha brillado por su presencia el sentimiento de Estado de los dos principales partidos a la hora de afrontar una situación de alerta máxima como la que vive España en los últimos meses. El PP no dejó de hacer oposición en los tres años de crisis que gestionó el PSOE y sus medidas, tomadas en los últimos meses con premura y que no han dado resultado al menos en el corto plazo –ha tenido que hacer dos reformas financieras en apenas cuatro meses–, tampoco han contado con la aprobación del partido socialista.
En definitiva, un país que ha pasado de tener “la mejor banca del mundo” a pedir dinero para salvar al sector ante una ciudadanía incrédula y que se pregunta cómo ha podido cambiar todo tanto en tan poco.
