En este momento se preparan nuevas normas legales que serán fundamentales para el ejercicio del derecho a la vivienda digna y adecuada. Por un lado la Consejería de Vivienda elabora la Ley del Derecho a la Vivienda, por otro la Consejería de Igualdad y Bienestar Social desarrolla el anteproyecto de Ley de Inclusión Social. Ambas tienen previsto llegar al Parlamento en verano y podrían aprobarse hacia final de 2009. El Anteproyecto de Ley de Vivienda no supone un avance relevante respecto al punto donde situó el derecho a la vivienda el art. 47 de la Constitución y el nuevo Estatuto. Merece ser valorado el requisito de los planes municipales de vivienda, los estudios de demanda y el Registro Públicos de Demandantes, así como la disposición de ayudas que garanticen que los andaluces no pagarán más del 30% de sus ingresos para comprar, o 1/4 si alquilan su primera vivienda. Sin embargo, el Anteproyecto no reconoce el derecho universal a la vivienda digna. No dice nada sobre la función social de la propiedad, ni prevé medidas específicas contra la especulación. No dice nada sobre la vivienda vacía, ni prevé medidas que fomenten o gestionen su puesta en uso, ni medidas de expropiación temporal del uso de viviendas vacías o abandonadas. No regula la naturaleza, objeto social y gestión de los parques públicos de vivienda, ni su conservación y limitaciones a la venta. No prevé medidas generales para la integración e inclusión social de los beneficiarios de sus programas. Por último, permite que cada municipio exija un tiempo mínimo de vecindad administrativa, lo que supondría diferentes condiciones de ejercicio del derecho entre los andaluces, e incluso dejaría transitoriamente sin derecho a muchos.
En la última década, en Andalucía se han hecho muy pocas viviendas y alojamientos públicos en alquiler y en paralelo se ha desarrollado un intenso esfuerzo por la venta del parque público existente, sin plantearse mejorar su gestión y recuperar su función de equipamiento social. El Pacto Andaluz por la Vivienda para la próxima década dedica poco más del 3% de sus objetivos a las familias que tienen ingresos iguales al IPREM ( 7.000 anuales). Pero ya no sólo los andaluces en situación de exclusión quedan fuera del acceso a la vivienda, cada vez son más los que no pueden tampoco comprarla, incluso una VPO, como están demostrando las numerosas renuncias de las últimas convocatorias. No lo olvidemos, son los bancos los que, con sus requisitos, adjudican las VPO. Los impagos de hipotecas y alquileres están colapsando los juzgados y en los próximos meses van a ser lanzados a la calle, si nadie lo remedia, numerosas familias atrapadas bajo la crisis. Sin embargo, la vivienda no baja significativamente y los alquileres suben de forma notable y subirán aún más en los próximos meses, con una demanda muy superior a la oferta. Mientras en Andalucía hay más de 500.000 viviendas vacías, sin contar las segundas residencias, y nadie hace nada para ponerlas en uso. La Junta y muchos ayuntamientos no están reaccionando ante la nueva situación. Hace unos días el Gobierno de Sevilla se fotografió en el acto de presentación del nuevo Plan Municipal de Vivienda, un plan basado en suelos no disponibles a corto plazo y que todavía prevé un 90% de sus actuaciones para VPO en venta. ¿Aún no se han dado cuenta de que la situación ya es otra? Son necesarios cambios muy estructurales y urgentes en el planteamiento del derecho a la vivienda y en su expresión inmediata y eficaz en los planes y actuaciones de vivienda. Falta muy poco para que mucho andaluces, espero que de forma organizada, se echen a la calle a reclamar su derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. ¿Ustedes no perciben el cambio que se avecina?
