Sevilla es una ciudad donde la escolarización degenera en un debate artificial sobre la calidad de la escuela pública en contraposición con la concertada. Es artificial porque, a pesar de que profesores, padres, políticos, abogados, detectives y jueces intervienen, opinan y confrontan puntos de vista sobre la educación y el derecho de las familias de elegir el colegio que quieren para sus hijos, lo cierto es que en el primer reparto de plazas, casi nueve de cada diez niños logra entrar en el colegio que ha elegido, según la Delegación de Educación.
En cambio, entre un 10 y un 12% de familias quiere matricular a sus hijos en un colegio católico concertado concreto, concretísimo, y el exceso de la demanda sobre la oferta de plazas impide que el niño entre. Para estas familias es una catástrofe no poder escolarizar a su hijo en el colegio elegido, porque allí fue donde ellos estudiaron, porque es el centro que está más cerca de sus casas, porque representa el ideario religioso en el que creen... Educación les ofrece un colegio público que no quieren u otro concertado católico, que tampoco quieren. Es entonces cuando deciden ir a los tribunales a reclamar esa plaza para su hijo o a denunciar a otro niño por fraude para que lo expulsen.
Hasta aquí, todo lo que pasa es comprensible. Pero después la realidad escolar se retuerce hasta adoptar formas surrealistas. Una docena de colegios católicos de prestigio en Sevilla alienta a los padres para presionar a Educación, primero para que suban la ratio y dejen entrar a uno o dos niños más por aula. Pero la Junta se niega, la ratio se sube en todo el distrito, no sólo en un colegio, y en el distrito aún quedan vacantes en públicos y en concertados. Por tanto, los padres siguen presionando para que concierten más clases en sus centros, y admitan de 25 en 25 por cada curso nuevo. "No está demostrado objetivamente que el exceso de alumnos por clase perjudique la calidad de la enseñanza", dicen los jueces.
Esta reclamación de los padres puede cumplirse en algunos colegios con terreno para habilitar nuevas aulas, pero en otros no. El Portaceli, por ejemplo, cuenta con espacio y financiación para edificar aulas nuevas. Las construyó, a pesar de que Educación le negaba la subvención porque en la zona quedaban vacantes.
Pero la consejería termina cediendo y acepta subvencionarle las cinco líneas de Infantil que ahora están "desbordadas", con 31 niños por clase, en vez de 25. ¿Por qué? La Junta entendió que existía "una demanda real" sólo para entrar en ese centro. La decisión perjudicó a otros colegios, públicos y privados, que perdieron alumnado a favor del Portaceli. De todas formas, 80 niños siguen quedándose fuera. "Si todos quieren entrar en el Portaceli o en los Padres Blancos o en el Santa Ana, es porque son mejores colegios que los demás", empiezan a pensar las familias. Por extensión, se acaba diciendo que "la escuela concertada es mejor que la pública".
El pensamiento cala en la sociedad y se agarra a varios argumentos: los concertados tienen mejores instalaciones que los públicos; tienen menos inmigrantes; pueden echar a los profesores que no trabajan; no hay tanta violencia; no están tan masificados... Todos son interesados, pero algunos más ciertos que otros. Por ejemplo, que los concertados con más demanda tienen menos inmigrantes -lo cual no tendría que ser un argumento a favor o en contra-. Pero esto ocurre porque cuando llegan niños de familias extranjeras con el curso empezado ya no quedan vacantes. En cuanto al hecho de que no están masificados, parece que la tendencia de los jueces a primar el derecho a elegir un colegio católico sobre la ratio ha echado por tierra esa idea. "La educación religiosa es prioritaria, aunque acaben 50 niños en una clase", explicaba un juez a este periódico.
De repente, todas las familias que se manifestaron pidiendo a Educación que subiera la ratio y las que acudieron al juez para devolver la plaza a su hijo se ven con las aulas atestadas. La dirección del Portaceli, en una pirueta argumental, le ha mandado una carta a los padres para decirles que con tantos niños de 3 años en cada clase las maestras no pueden garantizar la calidad educativa.
Para lograrlo necesitan más maestros, y para eso hace falta dinero, así que le han "propuesto" a cada padre pagar 115 euros para que su hijo aprenda algo en Infantil. Pero la Infantil está subvencionada, y la Junta no permite que un concertado cobre por un servicio público gratuito. Por eso envió el viernes a los inspectores al Portaceli. ¿El derecho a elegir un colegio concreto es ilimitado? Está por ver. Cada viernes, los jueces envían a alumnos nuevos.
