No se considera una equilibrista por defender el medio ambiente y a la vez la reactivación económica, incluso con la vuelta al ladrillo. La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha interiorizado el mandato de la presidenta, Susana Díaz, de que todas las políticas de la Junta vayan dirigidas a crear empleo. María Jesús Serrano (Córdoba, 1970) desmiente que haya tirones entre los miembros del Gobierno andaluz y asegura que las líneas rojas están muy claras. Dice que nunca más el Ejecutivo andaluz va a permitir que el cemento se apodere de la costa ni que se repitan esperpentos como El Algarrobico. La exalcaldesa de Baena defiende firme este discurso pero también ha agilizado los trámites urbanísticos y adaptará el polémico plan del litoral a la «nueva realidad económica y social» de Andalucía. ¿Contradicción? Ella lo niega.
Consejera, a usted se le ve como una especie de malabarista, intentando el difícil equilibrio entre el medio ambiente y la economía. ¿Qué prima en este momento para el Gobierno andaluz, la protección medioambiental o la reactivación del empleo? Prima todo porque desde el Gobierno tenemos que apostar por la reactivación económica y del empleo pero siempre desde un punto de vista sostenible. Eso se puede compatibilizar perfectamente. No es incompatible cuidar el medio natural y a la vez crear empleo.
¿No se considera entonces navegando entre dos aguas? No, no, que va; además no tengo dotes de malabarista. Lo que sí hay que garantizar es el equilibrio. Es necesario cuidar el medio ambiente para generaciones futuras ese mandato está en nuestro Estatuto y, a la vez, tenemos la obligación de generar empleo. Es más, si el empleo no es sostenible, ese empleo no continuará en el tiempo.
Muchos de los proyectos a los que se encomienda la Junta para reducir el paro son medioambientales (Algarrobico, Almoraima, Aznalcóllar
) ¿Tiene que frenar a algún miembro de su Gobierno o las líneas rojas están claras? Los miembros del Gobierno lo tienen clarísimo y, por ejemplo, en el tema de las minas hay una perfecta coordinación con la Consejería de Economía. Sabemos que tenemos que poner en valor todo aquello que genere empleo pero siempre respetando las normas medioambientales. También tenemos que llevar a cabo la regeneración ambiental de las zonas que han sufrido destrozos urbanísticos, como es el caso de El Algarrobico.
¿Cómo casa la recuperación del sector de la construcción con el mandato de su consejería? La presidenta de la Junta ha ordenado generar empleo, que todas las actividades del Gobierno andaluz vayan encaminadas al empleo y nos ha pedido también que impulsemos un nuevo modelo productivo. No se puede demonizar la construcción, sino la especulación y le aseguro que tendremos tolerancia cero con la corrupción. La construcción sostenible puede generar muchísimo empleo y actividad económica. Hablo de la rehabilitación de edificios, la eficiencia energética
Por todo eso queremos apostar y de todo debatiremos en la mesa de la construcción que se constituirá en pocos días.
Es cierto que hay 600.000 parados en la construcción pero también hay 700.000 viviendas vacías en Andalucía. Sí, pero la construcción sostenible no quiere decir que vayamos a construir más viviendas. Tendremos que ver los sitios donde haga falta vivienda y avanzar en otras opciones, como la rehabilitación, pero siempre desde un punto de vista sostenible. Hay quien cifra los parados de la construcción en un millón, por eso tenemos que esforzarnos en crear empleo, que es lo que más preocupa a los andaluces.
No negará que le ha tocado dirigir Medio Ambiente en un momento de cambio de discurso del Gobierno respecto a la construcción. ¿Qué les diría a los ecologistas que critican que usted sea la consejera menos medioambiental? El momento es complicado para todos los responsables públicos. No nos consideramos los menos medioambientalistas, todo lo contrario. Estamos defendiendo la conservación del medio ambiente, hay líneas rojas que no se pueden pasar. Tenemos proyectos de biodiversidad, fauna, flora y allí siempre vamos a estar, pero eso no quiere decir que no tengamos que poner en marcha proyectos de generación de empleo sostenibles. Vamos a defender La Almoraima, Valdevaqueros o que no se repita otro Algarrobico. Hay ecologistas que consideran que estoy trabajando en esa línea, otros no. Nunca llueve a gusto de todos.
¿Quién aprieta más a su departamento, Izquierda Unida o el consejero de Economía? No nos apretamos nadie, nos coordinamos porque la acción del Gobierno andaluz es conjunta.
Su consejería ha aprobado esta semana la agilización de trámites urbanísticos.
¿Van a modificar también el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) o la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA)? La Junta creó ambas normas para atajar los desmanes. No vamos a modificar el POTA ni la LOUA. Estamos en un análisis jurídico de toda la normativa urbanística para adaptarla a los nuevos tiempos y simplificar plazos, para ayudar a los ayuntamientos, empresarios y ciudadanos a que haya seguridad jurídica y para que todos los proyectos viables se puedan ejecutar en el menor tiempo posible. Vamos a hacer un desarrollo reglamentario de la LOUA, que es la norma urbanística por excelencia, pero no la cambiaremos.
¿Pero van a aprovechar para abrir la mano con ambas leyes? En los nuevos tiempos hay que primar la simplificación administrativa pero eso no quiere decir que vayamos a abrir la mano para nada. El POTA y la LOUA cumplen perfectamente con su función y no nos planteamos cambiarlos. Otra cosa es el desarrollo reglamentario. Ahí aprovecharemos para dar más competencias a los ayuntamientos para agilizar los trámites.
¿Van a cambiar el polémico plan del litoral, que mantiene en pie de guerra a empresarios y alcaldes de la costa? Hay 4.000 alegaciones al documento. El polémico plan del litoral no está aprobado y, por tanto, no podemos modificarlo. Estamos tramitando el plan y hay 4.000 alegaciones que se están estudiando. Cuando lo hayamos analizado, responderemos a las mismas y continuaremos con la tramitación. Lo que hay que hacer es adaptarlo a la realidad económica y social actual.
Pero ese decreto es muy nuevo, ¿tanto han cambiado los tiempos? El decreto se inició en 2012 y en la tramitación hay que dar audiencia pública a ciudadanos y administraciones. Tenemos que analizar las alegaciones. Ya veremos si hay que hacer muchos cambios o pocos, pero ahora no se puede avanzar cómo quedará el plan. Eso sería una temeridad.
¿Cree que el documento que elaboró el exconsejero Planas contradice la nueva estrategia de la Junta de reactivar la construcción? No contradice para nada esta estrategia. Hay determinadas líneas rojas que no se pueden pasar y no vamos a permitir que en determinados puntos del litoral andaluz vuelvan a pasar hechos tan desgraciados como El Algarrobico. La costa tiene un potencial enorme de generación de empleo y riqueza si lo hacemos ordenadamente y con criterio sostenible. Solo así favoreceremos una industria turística de sol y playa de calidad. Si no, esos mismos clientes buscarán otros destinos.
¿Usted aprueba el texto de su antecesor, Luis Planas? No tengo ningún problema con ese texto. Estamos en un Gobierno de continuidad. El proyecto del PSOE está muchas veces por encima de las personas. Lo que tenemos es que adaptarlo a las distintas circunstancias económicas y sociales. No seré yo quien cuestione lo que hizo mi antecesor. Estamos plenamente de acuerdo en que hay que proteger el litoral.
Si al final se introducen modificaciones de calado, ¿puede cambiar también la situación de Valdevaqueros o de Roche? Valdevaqueros es una línea roja que no se puede pasar. Lo puedo decir más alto pero no más claro. Eso no va a peligrar en absoluto.
El PP pide que la Junta derogue el decreto del litoral antes de agilizar otros trámites urbanísticos. Si me permite, suena lógico. El PP no tiene razón porque no podemos derogar algo que no está aprobado. No vamos a permitir que la costa vuelva a convertirse en lo que fue con el boom inmobiliario.
Hablemos de La Almoraima. ¿Qué plan tiene la Junta para esa finca? No podemos olvidar que la Almoraima tiene una titularidad pública, que es del Estado, y son ellos los que tendrían que proponer un plan de gestión. No obstante, le vamos a demostrar al Estado que se puede hacer rentable y viable La Almoraima desde lo público con actividades agrícolas, renovables, cinegéticas y de turismo. Nosotros no nos negamos al turismo, pero solo si es sostenible y no de elite, que es lo que el Gobierno pretendía. Me gustaría aprovechar para lanzar un mensaje de tranquilidad a la comarca de Castellar. Nosotros queremos crear empleo allí. Si el Gobierno de España está tan preocupado por el empleo en la zona, tendría que haber aceptado la petición de un plan de empleo específico para Andalucía o haberlo demostrado en el reparto de la PAC.
Han salido posibles interesados en comprar La Almoraima, como la actriz Salma Hayek. ¿Hay interlocución con el Gobierno sobre la venta y sobre los proyectos? Es que ya no se puede desarrollar en la finca el plan que ideó el ministerio. A nosotros nos dan igual los posibles compradores, si son o no mediáticos. No queremos que la finca se venda. No nos negamos a una colaboración público privada pero manteniendo en todo momento la titularidad pública, pero el Gobierno central no se ha planteado otra cosa que no sea la venta. No sé qué intereses tienen para seguir empecinados en eso. No tiene sentido desprenderse de un patrimonio natural, como no se desprende uno del Guernica de Picasso o de un monumento.
¿Puede darme más detalles del plan de empleo para parados vinculado a la demolición del hotel de El Algarrobico? Estamos a la espera de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que saldrá el 25 de febrero, sobre la validez o no de la licencia de obras del hotel. No contemplamos otro escenario que no sea la nulidad. En ese momento presentaremos el plan de regeneración medioambiental de la zona y de reactivación de la comarca, donde habrá empleo verde y sostenible. Pediremos al ministerio que cumpla con su compromiso verbal de pagar al 50% la demolición y también le pediremos que contribuya al plan económico para la comarca.
Sobre el dragado del Guadalquivir. ¿Cómo va a quedar la protección de las márgenes del río? ¿Tiene información ya de la idea del Gobierno central? El proyecto de protección de las márgenes lo está estudiando ahora nuestra consejería, pero el de profundización del dragado todavía no ha llegado a este departamento. Para hacerse el dragado hay que cumplir con los requisitos que establece la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y tiene que garantizarse la protección de las márgenes.
En cuanto a la reapertura de Aznalcóllar, usted le puso reticencias al consejero de Economía, que dijo que en un año la mina se abrirá a la actividad. Yo no le he puesto reticencias al consejero de Economía nunca. Vamos de la mano y estamos tratando de reactivar el empleo en la mina respetando siempre el medio ambiente. Ahora mismo está en licitación la concesión de los derechos de la mina. La empresa tendrá que cumplir con toda la normativa medioambiental.
¿Es cierto que la autorización ambiental de Riotinto está a punto de caramelo? Es cierto, porque la empresa ya ha presentado la documentación que se le ha requerido y se está estudiando. Pronto se hará el dictamen y se dará audiencia a las partes. Si todo está correcto, se resolverá en breve la autorización ambiental unificada.
También es de su negociado la ordenación del territorio. ¿Cómo están evolucionando las viviendas ilegales en Andalucía? Las viviendas fuera de ordenación son competencia de los ayuntamientos y ahora mismo todos los alcaldes son conscientes de sus responsabilidades y son cuidadosos y celosos para que no aparezcan nuevos asentamientos o vuelvan a convertirse en viviendas muchas naves de aperos. Es verdad que muchas veces los consistorios no tienen los medios adecuados pero cada día ponen más celo en el control. Desde la Junta vigilamos que no haya ninguna licencia fuera de normativa y ahí entra el cuerpo de inspectores, que sigue trabajando.
¿Van a poder cumplir la directiva europea para que en 2015 todas las aguas estén depuradas? Tener vertido cero en 2015 es un reto muy difícil no solo para la Junta, también para el Estado y resto de comunidades. También los ayuntamientos tienen competencias en depuración de aguas pero la Junta, consciente de que los consistorios no pueden acometer las inversiones, asumió la construcción de las infraestructuras necesarias. Tenemos un instrumento, el canon del agua, que por ley su recaudación tiene que ir destinada a infraestructuras de depuración y saneamiento. Eso es lo que estamos haciendo. Tenemos una programación y vamos a intentar que se agilice con tres vías: con los ingresos del canon, fondos europeos y la colaboración público privada. Queremos poner cuanta más obra pública en carga mejor, para cumplir con Europa y para crear empleo.
