Susana Díaz en un momento de la entrevista.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, salió ayer en defensa de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán después de que la jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE, haya elevado la causa al Tribunal Supremo, que deberá decidir si hay indicios de responsabilidad penal de los exdirigentes socialistas en el presunto fraude millonario. En una entrevista en Canal Sur Radio, Díaz no dudó en defender de forma cerrada la «honestidad» y la «decencia» de quienes le han precedido en la presidencia de la Junta. La líder socialista dejó entrever que discrepa de las tesis de la magistrada, que insiste en que es «imposible» que los ex presidentes desconocieran que sus gobiernos usaban un sistema ilegal y opaco para pagar prejubilaciones y ayudas «de forma absolutamente libérrima» a empresas y personas afines a los sindicatos UGT y CCOO y al PSOE. Alaya ha cifrado el desvío de fondos públicos en 855 millones de euros. Los expresidentes Chaves y Griñán ya han declarado su voluntad de acudir a declarar al Supremo.
El nuevo curso político arrancará en Andalucía en mitad del polvorín de dos casos de corrupción que siguen copando toda la actualidad, el de los ERE, que alcanza una nueva fase después de que por fin la jueza Alaya se haya inhibido ante el Supremo por la presunta implicación de siete aforados (los dos expresidentes y cinco exconsejeros), y el supuesto fraude de los cursos de formación, con varias investigaciones judiciales paralelas en marcha, que afectan al sindicato UGT, diversas empresas privadas y ponen en el ojo del huracán al exconsejero de Hacienda de la Junta, Ángel Ojeda.
Díaz fue muy firme en la defensa de los expresidentes y se mostró a favor de que el Supremo se pronuncie cuanto antes sobre su supuesta relación en los ERE para evitar el «juicio mediático permanente». Se quejó de la «indefensión» que, a su juicio, han sufrido desde el pasado septiembre, cuando fueron señalados como preimputados por Alaya, sus antecesores y exigió que el Alto Tribunal ponga cuanto «blanco sobre negro» qué ha pasado en este caso y que «paguen quienes de verdad se han llevado el dinero público». Díaz no se refirió al resto de aforados, ni siquiera al exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, hombre clave en la Junta durante más de una década y señalado también por Alaya en el último minuto.
Su discurso fue radicalmente diferente al referirse al exconsejero de Hacienda, Ángel Ojeda, detenido e investigado dentro de la llamada Operación Edu sobre el presunto fraude en los cursos de formación. Ojeda, que fue consejero hace 27 años y que desde entonces se dedica a la actividad privada, está acusado de presuntamente acaparar hasta 50 millones de euros de estos fondos de formación a través de un complicado entramado de empresas. Tras su detención, el PSOE andaluz ordenó su expulsión del partido. Díaz se mostró dura contra Ojeda y aseguró que «todo el que tenga dinero en paraísos fiscales» no cabe en el partido y será expulsado «no en diferido, sino ipso facto, sobre la marcha, porque no tiene lo que tiene que tener un socialista». La presidenta del Gobierno andaluz consideró «impresentables» algunas de las actividades de este exconsejero y tachó de «repugnante» que se creen empresas para «defraudar y hacerse rico con el sufrimiento de quien más lo necesita».
Entre las prioridades del próximo curso, Díaz situó bajar del millón de parados y sacar adelante «un presupuesto equilibrado y justo» aunque avisó de que con los «recortes» del Gobierno central lo tiene difícil. Sí mantuvo su compromiso, adquirido en el Parlamento, de devolver la extra a los funcionarios o restituir los derechos laborales al personal sanitario. Insistió en la necesidad de reformar el sistema de financiación, pese al portazo del presidente del Gobierno, MarianoRajoy, a esta demanda y se mostró preocupada por el diálogo bilateral emprendido con Artur Mas y ante la posibilidad de que haya favores a Cataluña que paguen los andaluces.
