Un tribunal indio condenó ayer a dos años de prisión a ocho directivos de la compañía responsable del escape tóxico de Bhopal, en una sentencia que, tras 26 años de espera, indignó a las víctimas de esta tragedia causante de unas 25.000 muertes, según organizaciones médicas.
El juez de distrito Mohan P. Tiwari consideró a los ocho acusados -antiguos directivos de Unión Carbide- culpables de haber "causado muertes por negligencia" y de "homicidio culpable sin grado de asesinato", aunque horas más tarde les concedió la libertad bajo fianza.
Entre los condenados está el máximo responsable en aquel momento de la filial india de la compañía, Keshub Mahindra, que tiene ya 85 años, pero no el presidente, el estadounidense Warren Anderson, de 89, quien se encuentra prófugo de la justicia india. Los condenados tendrán que pagar una multa de 100.000 rupias (unos 2.120 dólares), mientras que Unión Carbide deberá afrontar el pago de 500.000 (unos 10.600 dólares), según la sentencia, que ha sido calificada por las víctimas de "timo" e "injusticia". Así, el activista Satinath Sarangi, del Grupo de Información y Acción de Bhopal, calificó el veredicto de la siguiente forma: "Demasiado poco y demasiado tarde. La Oficina Federal de Investigación ha hecho un mal trabajo al poner esos cargos tan débiles sobre los acusados".
A las 0.05 del 3 de diciembre de 1984, unas 40 toneladas de metilsocianato -es un producto químico que se utiliza en la fabricación de espuma de poliuretano, pesticidas y plásticos- provenientes de la planta de pesticidas de Unión Carbide en Bhopal llenaron el aire de los barrios cercanos con efectos devastadores. Miles de ciudadanos se echaron aterrados a las calles para huir del gas y alcanzar los hospitales, aunque los centros médicos se vieron pronto sobrepasados y muchas personas agonizaron durante horas en las calles, con sus pulmones llenos del aire tóxico.
Según datos del Tribunal Supremo de la India, unas 3.000 personas murieron de inmediato, pero, de acuerdo con varias asociaciones médicas, son unas 25.000 las personas que han muerto desde entonces, víctimas de las secuelas del escape o de la posterior polución en la zona.
En los 23 años transcurridos desde el inicio del juicio -tiempo no infrecuente en el colapsado sistema judicial indio-, el tribunal ha examinado los testimonios de 178 testigos de la acusación y ocho de la defensa, y ha elaborado 3.008 documentos. Los acusados habían sido inicialmente imputados por homicidio culpable, pero en 1996 el Tribunal Supremo indio redujo los cargos a "muertes por negligencia", entre fuertes críticas de las víctimas que se repitieron ayer al conocer la sentencia. "Lo máximo a lo que pueden sentenciarles es a dos años de cárcel y 5.000 rupias de multa (unos 105 dólares) para la libertad bajo fianza. Ha sido una bofetada y una decisión vergonzosa", aseguró la activista Rashida Bee.
