Más de la mitad de las 206 agresiones a sanitarios registradas en Sevilla el año pasado se debieron a los tiempos de espera; otro 21% a disputas por bajas laborales y un 10% a desacuerdos en la receta de fármacos. Dada la situación, diversos expertos pidieron ayer crear una figura penal que condene este modo de violencia.
Y es que la capital hispalense es la segunda ciudad andaluza donde el personal sanitario está más amenazado. La primera es Málaga, donde en 2007 se registraron un total de 218 ataques físicos y verbales. Una tendencia que se viene manteniendo en los últimos años, según precisó ayer Luis Cáceres Márquez, presidente de la Unión Profesional Sanitaria UPN, que engloba a los colegios de dentistas, enfermeros, farmacéuticos, fisioterapeutas, médicos y veterinarios.
El experto, que ayer tarde moderó una rueda de prensa sobre agresiones, apostilló que el 80% de los ataques va dirigido a los sanitarios, mientras que los celadores y vigilantes de seguridad están implicados en el 20% de los casos.
Se da la circunstancia de que los médicos en general, y los que trabajan en los centros de salud en particular, son los sanitarios más perjudicados. De hecho, Carlos González-Vilardell, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, precisó ayer que su institución ha tramitado en lo que va de año un total de 54 denuncias, "una menos que en todo 2006". "Van en aumento. Pero nos parece bastante favorable el apoyo de la Consejería de Salud. Aún así, todavía hay que concienciar a la población para evitar que se produzcan los daños, calificar las agresiones como delitos si ocurren y dotar a todos los centros sanitarios de vigilantes jurados para que actúen como un elemento disuasorio".
Y es que, según criticó, los centros de salud suelen prescindir de este servicio a pesar de registrar el mayor número de ataques. No ocurre así en los hospitales, donde es habitual la seguridad privada.
Ya desde un punto de vista jurídico, José Antonio Calero Martínez, consejero de Derecho Penal de Montero-Aramburu, apostó porque "al fenómeno de las agresiones a profesionales debe darse una respuesta desde la revisión profunda del funcionamiento y estructura del sistema sanitario".
En su opinión, "el derecho penal no es la panacea en este caso. Para afrontarlo, es preferible crear un nuevo tipo penal (una figura agravada del delito de lesiones) en vez de la utilización forzosa del delito de atentado". Aún así, tanto Cáceres Márquez como González-Vilardell celebran que el pasado 14 de marzo se condenase por primera vez una agresión como delito de atentado a una autoridad y no como falta, tal y como se resolvieron los casos anteriores.
