Al anunciar hace un mes que el próximo curso se implantaría el libro digital en algunos colegios, el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, abrió un debate que, al principio, su propio departamento intentó relativizar -"está muy verde, no será para el próximo curso"-, pero que al final va a precipitar un cambio normativo acelerado. El consejero anunció ayer que se probará en 80 colegios, pese a que el actual decreto que regula el registro, supervisión y selección de libros de texto (2000) impide a las editoriales incluir material que no tenga un soporte físico en la base de datos de Educación.
El sector del libro -editores, distribuidores y libreros- interpretó aquel anuncio como un intento del consejero de desviar la atención sobre otro hecho que se hizo público el mismo día: Educación acababa de anular el convenio para la compra de dos millones de libros de texto de ESO, un compromiso recogido en el calendario del plan de gratuidad de libros de texto, que quedó en suspenso debido a la política de contención del déficit público de la Junta. Desde entonces ningún cargo de la consejería se ha reunido con ningún representante del sector del libro.
"Dimos por hecho que lo del e-book era una cortina de humo, porque la norma vigente nos lo impide. Andalucía es la única comunidad donde no tenemos registrados contenidos digitales", explica el presidente de la Asociación de Editores de España, José Moyano. Sin embargo, la semana pasada, la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa -responsable del registro de libros de texto- les remitió un correo electrónico a los editores informándoles de que ya podían insertar contenidos digitales "on line y off line" en su base de datos. Estos se usarían como prueba en la experiencia piloto que pensaban poner en marcha en algunos colegios. Las editoriales podían incluir la dirección web donde almacenan los contenidos digitales o bien colgar el soporte en CD o en pen-drive. Los editores telefonearon a la consejería porque no entendían cómo el correo electrónico les daba permiso para hacer algo que, según la ley vigente, no podían hacer. "El consejero ha dicho que vamos a modificar ese decreto", les respondieron. En un mes el plan inicial ha cambiado: los 80 colegios seleccionados no estrenarán los modernos e-book, como dijo entonces De la Chica: 16 usarán sus propios materiales curriculares electrónicos, y el resto, material didáctico en soporte digital que se cargará en sus ordenadores.
Crítica del libro. La introducción del libro digital en el sistema escolar andaluz parece estar gestándose al margen de la industria del libro. El consejero ha ido haciendo público detalles del plan sin que, por ahora, se haya creado una mesa de trabajo con los responsables del sector igual que se hizo cuando se firmó el acuerdo de gratuidad de los libros de texto. El presidente de editores calificó de "tontería" el anuncio que hizo De la Chica y los libreros le acusan de "improvisar".
La suspensión del convenio para renovar los dos millones de libros de la ESO significó para la consejería un ahorro de 45 millones de euros. Para el sector del libro, en cambio, supuso "un golpe durísimo", porque el programa de gratuidad andaluz había hecho de la Junta el único comprador de libros educativos. Así que al no comprarlos la consejería, los editores se encontraron con libros editados que no vendieron a nadie, los libreros habían pedido avales a los bancos para adquirir esos manuales, y los distribuidores habían iniciado la maquinaria para repartirlos. Amagaron con ir a los tribunales, pero otros acuerdos comerciales con la Consejería de Cultura les ha frenado de momento.
Cambio de modelo o de soporte
El debate del libro digital entró en la escuela empujado por la política de recortes de la Junta de Andalucía, que obligó a la Consejería de Educación a suspender la compra de libros que tenía pendiente y que apenas días antes había confirmado a la industria del libro. Acto seguido, la Consejería de Educación reconoció que se habían empezado a “cuestionar el modelo de gratuidad total de los libros de texto”.
Puede que de ese cuestionamiento cobrara forma el proyecto de sustituir paulatinamente los libros en papel por el soporte digital. De hecho, ahorrarse los 45 millones en libros de Secundaria este año no significa que no tengan que comprarlos el próximo curso junto al lote de manuales de Primaria que, según el convenio, deben adquirir en 2011. Entonces, Educación tendrá que pagar de una tacada más de 100 millones de euros a los libreros, editores y distribuidores si para entonces quieren mantener el mismo modelo de gratuidad que existe ahora (todos reciben manuales gratis con independencia de la renta familiar de los alumnos).
El otro debate es el de la idoneidad del soporte digital en la escuela. Hasta ahora era Andalucía la única comunidad que seguía vetando estos contenidos, sin embargo, ya se anticipaba su uso en la Ley de Educación Andaluza. El modelo va experimentarse este curso. Los editores creen que cambiar el texto en papel por el texto en una pantalla no es un cambio de modelo. “No cambia la didáctica ni la metodología, sólo hacen que los niños miren más tiempo al ordenador”, dicen. Educación cree que debe ser el colegio el que elija la metodología y sepa dar con la tecla.
