Estas familias habían acudido a la Justicia para poder despejar una duda que les corroía desde hacía años: si aquel bebé que le dijeron que había fallecido sigue vivo. Este es el presentimiento que tenían muchas madres que decidieron poner su caso en manos de la Fiscalía sevillana. El Ministerio Público ante la avalancha de casos que se abrieron tuvo que nombrar a un fiscal, José Escudero, que coordinara todas las denuncias y documentos que recibían. Cuatro, ocho, dieciséis, treinta, así hasta llegar a casi un centenar.
Sin embargo, son muchas las dificultades que se está encontrando la Policía Nacional a la hora de llevar a cabo la investigación. En concreto, el Grupo de Homicidios sólo ha podido destinar un agente a esta labor, que requiere mucho tiempo de búsqueda de la documentación. "Hay casos en los que los bebés nacieron en clínicas que ya no existen y se ha tenido que buscar a la persona que compró inicialmente el edificio para saber qué hizo con los archivos del centro sanitario", explican fuentes de la investigación.
Es sólo un detalle que ilustra lo minuciosa que están siendo las diligencias de cada uno de los casos abiertos. Es una investigación compleja, principalmente por el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos, pues han pasado "40, 50 o incluso 60 años". Ello entraña una gran dificultad para poder localizar papeles tales como certificados de defunción, autopsias, informes clínicos, etc.
De hecho, la agente que trabaja en este caso ha recuperado información de estos bebés y sus familias en el Registro Civil, Cementerio, hospitales, Instituto de Medicina Legal, en la facultad de Medicina, en el antiguo Anatómico Forense. Numerosa documentación en la que no ha encontrado ni un solo indicio "razonable" de que estos bebés fueran vendidos a otras familias. "En muchos casos el único indicio que tenemos es el recuerdo de una fecha equivocada o un detalle muy vago", aseguran.
Ante esta situación, la Fiscalía se ha visto obligada a archivar ya unos 40 casos, el 40% de las denuncias presentadas, y, hasta el momento, sólo una familia se ha mostrado en desacuerdo y asegura que intentará reabrir el caso en un juzgado. La mayoría, en cambio, se siente satisfecha tras conocer todos los pasos que se han seguido para investigar en su caso y que el fiscal detalla en cada decreto de archivo que ha enviado a cada una de estas familias.
Una vez investigados estos casos más fáciles, el grupo de la Policía Nacional se centrará en aquellos con alguna posibilidad. Aún queda mucha investigación por delante.
