Se acabó el plazo. El pasado 11 de noviembre era el último día en que los funcionarios de Justicia de la provincia de Sevilla podían presentar su demanda solicitando poder acogerse a la sentencia que dio la razón a un compañero, reconociendo su derecho a percibir íntegra la paga extra de Navidad de 2012, que fue retirada por el Gobierno central. En este año, han sido 1.500 los empleados públicos del sector judicial que han dado este paso, lo que supone el 83 por ciento de la plantilla. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 fue todo un hito, pero ahora la última palabra la tiene el Tribunal Supremo, después de que la Junta de Andalucía recurriera para intentar evitar una devolución masiva.
El 11 de noviembre de 2013 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla dictaba la primera sentencia en España que reconocía la devolución íntegra de la paga extra de Navidad de 2012. El fallo se producía después de que el entonces empleado del Juzgado de Paz de La Rinconada José María Aguilera demandara y lograra una resolución a su favor a la que se podían acoger el resto de sus compañeros, los 1.800 funcionarios de Justicia que hay en Sevilla. A partir de ese momento, todos ellos tenían un año para poder acogerse a la misma y así lo han hecho 1.500 de los 1.800. «Hay que tener en cuenta que parte de la plantilla es interina, o son compañeros que no tenían completado el año completo de trabajo o que han preferido esperar a que el Supremo tome la decisión y ver qué ocurre con este asunto», explica la representante de Justicia en Sevilla del sindicato CSIF, Águila Fernández.
Precisamente, la demanda ganada fue interpuesta por este sindicato y ha sido el que más demandas ha aglutinado en este año, ya que los servicios jurídicos de CSIF han llevado al juzgado la «mitad» de las presentadas. De hecho, en este año desde el sindicato se ha informado a todos sus afiliados de la posibilidad de iniciar esta reclamación y se ha dedicado a una persona solo para tramitar todas las solicitudes. «Tenemos armarios llenos de expedientes», afirma Fernández.
Sin embargo, se da la paradoja que el único que tiene garantizado el cobro por el momento es Aguilera, ya que la Junta de Andalucía ha recurrido ante el Alto Tribunal en interés de ley, es decir, alegando el perjuicio que a las arcas públicas supondría tener que hacer frente al pago de esta cuantía a todos los empleados públicos de Justicia en Sevilla.
La Junta reclamó así al Supremo, una jugada que puede volverse en contra de todas las administraciones, ya que si el Alto Tribunal falla a favor no solo podrían cobrar la paga extra los funcionarios de los juzgados sevillanos sino los de todo el país, al ser un tribunal con competencia nacional. Por ello, el abogado del Estado también recurrió y en su escrito exponía «el grave daño para el interés general» que supondría un fallo a favor de los trabajadores, pues «el importe económico al que podrían ascender las consecuencias de la generalización de dicha doctrina excedería de 27 millones de euros, pudiendo alzarse a más de 63 millones» si se extiende también a jueces y fiscales.
En cambio la Fiscalía, que aunque comparte ciertos argumentos de la Abogacía del Estado, considera que la sentencia recurrida «incurre en una evidente infracción del principio de legalidad», pues cree que el magistrado debía haberse declarado incompetente para resolver la demanda y plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Igualmente, el fiscal cree que el Gobierno actuó de forma errónea al modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula este sector, con retraso, cuando ya se había devengado la paga completa. De hecho, ese es el argumento clave de la sentencia.
Ahora, la decisión la tiene el Supremo que si es favorable a los funcionarios, se abrirá un plazo de otro año para poder solicitar entonces la extensión de sentencia y poder cobrar la paga de Navidad de 2012.
