El abogado del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, citado a declarar el próximo mes de abril en calidad de imputado por el Tribunal Supremo en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha criticado este jueves que lo que está haciendo la juez Mercedes Alaya es "criminalizar una pura responsabilidad política que no tiene ninguna relevancia penal".
En una entrevista en la cadena SER, recogida por Europa Press, el letrado de Griñán, José María Mohedano, se ha referido también a la posibilidad de que su patrocinado renuncie a su acta de senador si el Supremo le imputa un delito concreto y ha recordado que Griñán, "sin ninguna imputación, dimitió del cargo de presidente" de la Junta de Andalucía. Al hilo de ello, Mohedano también ha tachado de "rarísimo" e "insólito" que la juez instructora vaya a analizar a partir del próximo miércoles el informe presentado ante el Supremo en el que dos catedráticos contradicen las conclusiones de los peritos del Estado, algo que va a hacer "sin la presencia" de la defensa de Griñán y de los propios catedráticos "para poder explicar y defender su informe".
"Hace seis o siete meses, Alaya dijo que no iba a proceder a la ratificación del informe de sus peritos --los del Estado-- porque eso producía indefensión a Griñán y al resto de aforados", y encima "ahora no solo se contradice con lo que ella dijo, sino que además somete a su criterio contradictorio un informe no presentado en el Juzgado" y donde "no podrán estar los abogados de Griñán ni los propios peritos", ha insistido.
Centrándose en el informe presentado por los peritos de la Intervención del Estado, el abogado ha aseverado que las "críticas" incluidas en su informe "no son tan duras y son tremendamente endebles", punto en el que ha indicado que el hecho de que las transferencias de financiación cuestionadas "se pueden utilizar o no es un tema muy discutible", ha señalado.
Así, Mohedano ha dicho que dichas transferencias "se utilizan por todas las leyes de presupuestos y en Andalucía las aprobó el Parlamento, no el Ejecutivo", a lo que se suma que la Cámara de Cuentas de Andalucía, "que es el órgano de control externo, nunca puso ninguna pega", mientras que "todos los grupos parlamentarios --PP, PSOE e IU-- hicieron enmiendas a esta figura de las transferencias, en muchos casos pidiendo que se ampliara a supuestos que no venían en el proyecto de la Ley de Presupuestos".
Preguntado sobre el comunicado conjunto que remitieron los abogados de los cinco aforados tras conocerse que el Supremo los había citado a declarar en calidad de imputados, ha puesto de manifiesto que se trata de "un escrito de los abogados ante un hecho que es una indefensión flagrante para todos los aforados", insistiendo en que "es un comunicado de los abogados para explicar la confusión, en algunos casos interesada, que se ha producido sobre un punto concreto de la utilización del término de imputado".
