Mel dirige un entrenamiento en el estadio Benito Villamarín. Foto: EDD.
2015 volverá a ser un año clave en el futuro a corto y largo plazo del Real Betis Balompié, por supuesto como equipo de fútbol pero también como club. En realidad no existe año que no haya sido traumático desde el final (provisional o no) del mandato de Manuel Ruiz de Lopera y así seguirá siendo en el año recién estrenado, que presenta un enorme reto deportivo y tres grandes citas institucionales. Es decir, judiciales.
El ascenso El objetivo más importante del Betis es conseguir el duodécimo ascenso de su historia a Primera. Apesar de todo lo recorrido, 18 jornadas, quedan ni más ni menos que otras 24 para alcanzar el final del trayecto, y eso en caso de no necesitar el play off. Versionando el dicho, bien puede decirse que año nuevo, entrenador nuevo. Regresa Pepe Mel, que gracias a Juan Merino hereda un equipo situado en la tercera plaza y a tres puntos sólo de los puestos de ascenso directo. El sólo tiene que ver con el balance general de la campaña más que con el presunto potencial del Betis, llamado a estar en esas dos primeras posiciones desde el minuto uno. Como no ha sido así y además ha llegado a estar a nueve puntos de distancia, resulta justo emplear el susodicho adverbio.
Más allá de la autoexigencia que debe suponer para el Betis militar en Primera por sistema, el ascenso implica una serie de consecuencias que trascienden lo deportivo. El concurso de acreedores es implacable con el que debe, es decir, el Betis, y estar en Segunda no equivale a la asfixia porque el club se puede permitir dos años de carencia (no pagar) en la deuda ordinaria, pero si figura en Segunda en la campaña 2015-16 ya no podrá permitirse más años fuera de Primera. Si quiere llevar su concurso con calma, claro.
Entre deuda ordinaria y privilegiada, el Betis se comprometió a abonar entre 7 y 8 millones de euros al año. Si está en Segunda un tercer año, deberá mantener ese ritmo aunque sus ingresos se reduzcan a unos niveles quién sabe si insoportables. El ejemplo más claro es la televisión. El club tiene casi firmado un contrato con Mediapro que le reportará unos 30 millones. En Primera, por supuesto. Si no hay ascenso, el ingreso por ese concepto volvería a rondar los 3 millones (esta temporada recibirá 2,9). Ese nuevo contrato, por cierto, es el último que puede negociar por sí mismo. A partir de 2016, la negociación será conjunta con todos los clubes.
Hay otras pruebas. Este año, al estar recién descendido, el Betis ha cobrado distintas ayudas y/o seguros de la Liga de Fútbol Profesional y del G-35 que, por ejemplo, elevan la compensación por la pérdida del contrato televisivo a unos 10,2 millones (así lo aseguró a los accionistas el director general, Federico Martínez Feria). Si el Betis sigue más tiempo en Segunda, esas ayudas se reducirán drásticamente o desaparecerán. Sin ese dinero, que sostiene gran parte del presupuesto, la capacidad del club para fichar bien o retener a sus principales futbolistas se vería muy dañada.
El ascenso también influye, aunque menos, en la deuda del Betis con Hacienda, que será saldada en 2015 haya o no haya éxito deportivo. Si sube, quedará zanjada en agosto; si no, lo hará en diciembre.
El final del caso Lopera La segunda gran cita del Betis en 2015 no se dirimirá en los campos de fútbol sino en el otro escenario principal de la historia reciente de la entidad: los tribunales. Alo largo de este año, si no hay más demoras, se sabrá por fin si Manuel Ruiz de Lopera va a juicio por los presuntos delitos que le imputa la jueza Mercedes Alaya, que cree que el exdirigente causó al Betis un perjuicio de 17 millones de euros de 1999 a 2008 y de otros 12,4 millones entre 1993 y 1998.
La instrucción está a punto de concluir. En mayo ya hubo un auto de procesamiento en el que la magistrada ratificó las tesis que la impulsaron a imponer las medidas cautelares que tienen al Betis bajo administración judicial desde julio de 2009. En su escrito, Alaya reitera que Lopera utilizó el Betis como una fuente inagotable de negocio.
Después de cuatro años de instrucción y multitud de recursos, la gran mayoría por parte de la defensa de Lopera, hay dos opciones básicas: la que espera la acusación, formada por las asociaciones PNB, BxV y Liga de Juristas, es que la causa derive en un juicio cuya sentencia, en caso de ser condenatoria, podría enfrentar a Lopera a una pena de privación de libertad de hasta 13 años y medio por el delito de apropiación indebida y 9 años más por el presunto delito societario. La otra, la que obviamente defiende la defensa y quizá también sea respaldada por la Fiscalía (más de cinco veces ha solicitado a la jueza que devuelva a Lopera las acciones intervenidas), es la absolución.En caso de que haya juicio, también está por ver si la justicia suspende las medidas cautelares, lo que colocaría a Lopera de nuevo con derecho a reclamar el poder, a no ser que...
Las acciones en duda ... a no ser que Lopera no sea el legítimo dueño de todas las acciones que asegura poseer desde 1992. He ahí el segundo gran meollo judicial del Betis en 2015. El 23 y el 24 de marzo, el Juzgado de lo Mercantil número 1 será testigo del juicio por la demanda que dieciséis accionistas del Betis interpusieron contra Farusa, es decir, Lopera, porque dudan de que 36.869 de las 60.327 acciones que posee sean suyas. La sentencia, apuntan los especialistas, puede conocerse en unas dos semanas después del juicio.
Si la demanda tiene éxito, Lopera pasaría de controlar el 51,34% del capital social del Betis a tener el 29,09%. Hasta Alaya admite en su auto de procesamiento que hay acciones que no se abonaron nunca, en concreto 20.662. En esta causa civil, Farusa está acusada de no pagar 30.869 acciones adquiridas mediante la subrogación de un préstamo de las cajas. Las otras 6.000 eran de José Léon y Manuel Morales, Farusa las recobró en 1995 y provenían de un préstamo impagado a Unicaja incluido en la deuda que asumió el plan de saneamiento.
La demanda también pide que un administrador judicial controle esas acciones si se levantan las cautelares que Alaya impuso al paquete de Farusa en 2010.
Los denunciantes, además, sospechan que otras 11.424 acciones fueron pagadas por Farusa con tres pagarés procedentes del club. Esta duda derivaría en otra demanda si la que se juzga en marzo se salda con condena a Lopera.
Concurso: calificación En marzo, salvo nuevos imprevistos, también está previsto que se celebre en el Mercantil el juicio por la calificación del concurso de acreedores del Betis. Iba a empezar el 28 de julio del año pasado y luego fue pospuesto a los días 7, 8, 9 y 15 de enero de 2015, pero volvió a ser aplazado porque la abogada de José León solicitó su suspensión por baja maternal. Esta causa también puede derivar en gravosas multas y la inhabilitación de Lopera y todos los dirigentes en los dos años anteriores a la entrada en concurso, desde Luis Oliver a Manuel Castaño o Jaime Rodríguez-Sacristán.
El pronóstico previo no es bueno para ellos, ya que tanto los administradores concursales como la Fiscalía han calificado el concurso como culpable o doloso y solicitan penas de restitución de daño por valor de unos 25 millones de euros. A Lopera en concreto le solicitan 19,9 millones.
