"No quiero sembrar falsas expectativas. La inversión no generará empleo, pero sí podría reactivar la economía". Esto fue lo que apuntó ayer el primer teniente de Alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), tras presentar a los agentes sociales los proyectos que se pagarán con los 140 millones de Estado y Junta.
El objetivo es paliar los efectos de la crisis económica, de ahí que se anunciase la creación de 7.000 puestos de trabajo gracias a los 250 proyectos que se pondrán en marcha a través del Plan 8.000 del Gobierno central (123,7 millones), el Plan Proteja del Ejecutivo andaluz (17,5 millones) y el plan extraordinario de inversiones del Ayuntamiento hispalense (179 millones a gastar en 2009 y 2010). Sin embargo, no son empleos directos ni de calidad. Algo que subrayaron ayer los sindicatos y la patronal.
Aunque los agentes sociales aplaudieron ayer la iniciativa de las administraciones, tanto el secretario provincial de UGT, Juan Antonio Gilabert, como su homólogo en CC.OO., Alfonso Vidán, destacaron que el empleo que se creará con estas obras (sobre todo en barrios, polígonos industriales, zonas verdes, colegios y espacios culturales) no generará puestos de trabajo fijos. Para Antonio Galadí, presidente de la Confederación Empresarial Sevillana (CES), la medida "no es espectacular, si bien intenta que no aumente el paro". "No serán puestos estructurales o estables, pero puede poner las bases para un empleo de calidad", señaló Vidán.
El delegado de Presidencia y Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, también fue rotundo: "Esperamos que podamos parar la destrucción de empleos", sobre todo en el sector de la construcción, el más afectado por la crisis. Según Torrijos, la inversión, por contra, sí reactivará la economía porque las infraestructuras nuevas fomentarán el consumo y, por ende, la actividad comercial y la contratación.
También coincidieron los agentes sociales y los responsables municipales en que la situación es "alarmante" y "crítica". Por eso, los empresarios pidieron más.
Galadí denunció que el plan de inversiones estatal es "bueno, pero muy corto", ya que a los ayuntamientos sólo llegará un 4% del dinero público destinado a combatir la crisis, "y no nos imaginamos lo que sería si se alcanzase el 25% o el 30%, ya que la principal empresa de una ciudad es su ayuntamiento". El presidente de la CES añadió que "no pondrá obstáculos" al plan, del que alabó que asegure los cobros a las empresas (el 75% de la financiación se dará inicialmente y, el resto, cuando se certifique el fin de la obra). Eso sí, Galadí invitó a los políticos a "vivir una jornada en la propia empresa, para ver cómo está la situación", y criticó que los bancos sigan "herméticos y cerrados" pese a la inyección de fondos públicos.
Alfonso Rodríguez Gómez de Celis subrayó que pondrá en marcha dos iniciativas "originales": consensuar con los agentes sociales las medidas y redactar los proyectos y pliegos de licitación antes de elevar la petición administrativa al Gobierno central. Tarea que ocupa a más de medio centenar de funcionarios. El objeto es "adelantar trabajo" (hay un mes para la licitación) y "no perder ni un solo céntimo".
Rodrigo Torrijos apostilló que los proyectos no están diseñados "a voleo", sino acorde al modelo de ciudad.
