"Cuando llegué al piso estaba ilusionadísimo, era nuestra primera vivienda después de cuatro años alquilados, yo tenía trabajo y pensábamos tener hijos", recuerda Óscar Cabeza, a quien ayer hubieran desahuciado de su piso de la Oliva si varias decenas de personas no lo hubieran impedido. Vecinos y miembros del movimiento 15-M se interpusieron entre la vivienda y la comisión judicial que acompañaba al Banco de Santander, la entidad que le concedió la hipoteca que ahora, cuatro años después de aquella feliz entrada en su vivienda, Óscar no puede pagar. Sólo una cosa es hoy tan ilusionante como entonces: Óscar y su mujer están a punto de ser padres. Tan a punto, que ella se ha ido a vivir provisionalmente con los padres de él, "porque nos daba miedo que, si se producía el desahucio, con los nervios se pusiera de parto aquí mismo".
La historia de Óscar, un sevillano de 36 años, y de su mujer, Dolores Lupiáñez, una granadina de 37, se parece mucho a la de otras familias que han terminado siendo desahuciadas. Compraron hace cuatro o cinco años una vivienda en la Ronda de la Oliva, en el Polígono Sur. Era un cuarto piso sin ascensor de unos 56 metros útiles -70 construidos-, con tres habitaciones, y para comprarlo solicitaron una hipoteca de 160.000 euros. "Era la época del boom de los pisos", recuerda Óscar, que en aquella época veía cómo todos sus amigos estaban adquiriendo viviendas en torno a esos precios.
Sólo una cosa le llamó la atención: "Yo había visto un piso más grande y más barato, pero me dijeron que tenía que ser en la Oliva", en una de las antiguas promociones de viviendas de protección oficial (VPO) que, pasado el periodo pertinente, pudieron ponerse a la venta.
Los problemas no tardaron en llegar. La hipoteca, que pagaban a razón de 609 euros al mes, subió a 800 euros en un solo año por el aumento del Euríbor. Y entonces Óscar se quedó parado, hace ya tres años. Al principio trató de seguir pagando, pero era demasiado dinero. "Fui al banco y les dije que yo podía pagar algo, 500 euros, pero los 800 no. Porque mi mujer cobraba 900 como dependienta en un supermercado, y no podíamos. Me dijeron que no me daban facilidades ninguna, no me dieron ni un respiro". Durante meses, ocho o nueve, siguieron pagando 500 euros. Hasta que el banco les comunicó que eso no valía para nada. "Me dijeron que con los intereses la deuda era de 3.000 euros", diez veces más de lo que habían dejado de pagar.
En otro mes, esa deuda se elevó hasta los 15.000 euros. Óscar logró reunir 8.000 euros para intentar frenar el proceso pero tampoco fue suficiente. El desalojo continuó hasta que, ayer, la comisión del juzgado y los representantes del banco acudieron a su casa, en el número 103 de la Ronda de la Oliva, en la conocida como plazoleta del Polvillo, por la panadería. Allí, miembros del 15-M y decenas de vecinos se opusieron a que expulsaran a la familia de su casa.
La mayoría se había enterado por casualidad, como una vecina que explicaba que había visto el jaleo al ir a llevar a sus hijos al colegio, y a la vuelta había decidido participar. "Yo sólo los conozco de vista, pero he venido", explicaba Encarni Gómez, otra vecina de la Oliva, que estuvo junto al grupo de personas que apoyó la protesta. "Es el primer caso de desahucio que conozco en el barrio", explicaba. Sin embargo, en el mismo bloque de Óscar hay otro vecino en sus mismas circunstancias, "que tiene cinco niños", y conoce a otras tres personas del entorno pendientes de desalojo, "aunque uno de ellos ha preferido marcharse ya y dejar su piso cerrado. Supongo que no quieren problemas". La situación de sus amigos también ha cambiado por culpa de la crisis: "Tengo muchísimos amigos en la misma situación que yo".
Óscar contactó con los representantes de la comisión de Vivienda del 15-M y, tras escucharlos, decidió "luchar" por su casa. La semana que viene acudirán al banco para tratar de encontrar alguna solución. Todavía ni siquiera ha pensado en qué hará si al final se la quitan, pero es consciente de que lo que el juzgado le ha dado es un mes o dos de prórroga, no más.
El 15-M le ha ofrecido su ayuda, como al resto de las personas en riesgo de desahucio, dentro de una campaña con la que intenta informar de sus derechos a los afectados por desahucios, parar los desalojos y renegociar las condiciones de las hipotecas con los bancos para que las familias no se queden sin casa, lo que suele convertirse en un punto de no retorno para las economías familiares. En mayo, el movimiento presentó una red de 11 puntos de información en los distritos en los que asesorarán de forma gratuita a los afectados, que pueden informarse a través del teléfono 658 331 063.
Según un informe presentado por el 15-M hace dos meses, las viviendas que van a ser subastadas después de que los bancos hayan desahuciado a sus ocupantes por impago, que se incrementaron notablemente en Sevilla el año pasado, se acumulan en zonas en las que la tasa de paro es mayor, superando el 30%: copan la mayoría de los casos la Macarena (sobre todo en las barriadas de inmigrantes del Rocío, el Cerezo y Villegas); Tres Barrios (con una población envejecida) y Torreblanca, junto a puntos más espaciados en áreas como San Jerónimo, el Polígono San Pablo y el Polígono Sur.
