El bloqueo de las oposiciones de Secundaria ha anticipado el primer recorte real del gasto educativo en Andalucía. Hasta ahora, la Consejería de Educación no ha hecho más que elucubrar sobre el impacto que tendrá la aplicación de las medidas de ahorro aprobadas por el Gobierno de Rajoy. Pero al presentar "un conflicto de competencias" ante el Tribunal Constitucional (TC), el Ejecutivo central ha logrado paralizar la oferta de empleo e impedir que Andalucía cubra en septiembre las vacantes de los que se jubilaron este año.
Mientras dure la suspensión cautelar (cinco meses) y hasta que el TC decida si admite a trámite el recurso, la Junta está obligada a cumplir la Ley de Presupuestos, que sólo permite sustituir a uno de cada diez jubilados y prohíbe que el resto de vacantes sean ocupadas por personal interino. En consecuencia, la escuela andaluza empezará el próximo curso con 3.277 profesrores menos, según la consejería. Esas plazas las están ocupando ahora interinos, pero la Junta no podrá contar con ellos a partir de septiembre.
Además de dejar petrificados a 33.154 opositores a dos meses del examen, el carpetazo a las oposiciones de Secundaria tiene una segunda lectura económica: permitirá a la Junta ahorrar en torno a 21 millones del Presupuesto de 2012. Ese es el dinero de las nóminas de septiembre a diciembre que iban a cobrar los nuevos docentes al acceder a una de las 2.389 plazas ofertadas. Durante su primer año de servicio, los profesores de ESO ingresan 30.737 euros brutos en 14 pagas. Si no se amortizan esas plazas, la Junta habrá ahorrado 73,4 millones de euros en las nóminas de un año escolar. Educación siempre ha defendido la oferta de empleo de profesores, no sólo porque permite rejuvenecer y modernizar la plantilla, también porque el cambio generacional resulta más económico: al final de su vida laboral, un profesor cobra 14.800 euros más que en su primer año (se retira con un salario máximo de 45.536 euros anuales). Los maestros nuevos son más baratos que los veteranos.
El consejero de Educación en funciones, Francisco Álvarez de la Chica, compareció ayer en Granada para despejar cualquier atisbo de esperanza: ya no habrá oposiciones este año. "En el mejor de los casos, no habrá hasta final de año, pero no confío en que sea así", admitió. De la Chica se armó de los calificativos más duros para arremeter contra el Gobierno. "Ha sido una decisión calculada, fría, insensible y cobarde. Han esperado hasta el último momento para hacer más daño a los opositores", dijo. El Gobierno conocía el texto legal de la convocatoria andaluza desde febrero, pero no la ha recurrido hasta dos días antes de que expire el plazo legal (hoy). Su argumento es que esperaban un informe del Consejo del Estado, que al final les ha animado a recurrir. Pero la Junta se queja de la falta de diálogo en los dos últimos meses, la posibilidad de llegar a un acuerdo evitar la ansiedad a los opositores que han gastado su tiempo y dinero durante más de un año. De las 2.389 plazas ofertadas, sólo 637 eran vacantes de jubilados (un 19,4%). Andalucía se excedía sólo en 310 plazas del límite impuesto por el Gobierno y, según dijo De la Chica, estaba dispuesto a rebajar la oferta para desbloquear el conflicto. "Pero no han querido dialogar", dijo.
El consejero exigió al presidente del PP-A, Javier Arenas, "acabar con su escandaloso silencio" y le instó a mediar ante Rajoy "para que retire el recurso". Arenas, desde Cádiz, criticó a la Junta por buscar la "confrontación" con el Gobierno "porque se ha parado la oferta de plazas docentes para reconducir las cuentas". "Andalucía es la que menos invierte en educación de España", dijo. De la Chica recordó ayer que el aumento de la jornada laboral de los profesores también acabará con 4.827 interinos andaluces. "Ni nos callarán ni nos pondrán de rodillas", zanjó.
