La Consejería de Educación ha recurrido al Tribunal Constitucional porque considera que el Gobierno invade las competencias autonómicas con algunas de las políticas de ajuste impuestas, por ejemplo: prohibir que se cubran las bajas de maestros enfermos antes de 15 días. Esta medida es ineludible y, en la práctica, supone paralizar el ambicioso plan de sustituciones que estrenó la Junta hace dos años para atajar uno de los problemas endémicos de la escuela. El ahorro afectará a los 3.789 docentes interinos que estaban cubriendo bajas médicas este curso. Pero el efecto colateral será mucho más perjudicial para la enseñanza, según los sindicatos. El plan de bajas permitió "liberar" a los 2.068 profesores de refuerzo de Andalucía para que pudieran dedicarse "en exclusiva" a dar clases de apoyo a alumnos con problemas de aprendizaje. Ahora tendrán que abandonar su función para suplir a compañeros enfermos.
La consejera Mar Moreno cree que un sistema que permite cubrir una baja en 48 horas debería ser "exportable" a otras regiones, y no cercenado, por eso remitirá un borrador del plan al ministro José Ignacio Wert. Históricamente, la ausencia (justificada) de docentes tenía dos picos singularmente altos en el calendario escolar: septiembre y febrero. Los inspectores relacionaban el primero con la vuelta al trabajo (la depresión posvacacional era de las bajas más frecuente). Sobre el segundo caso mascullan una teoría que nunca se pronuncia en voz alta: en febrero se dispara la demanda de interinos porque muchas maestras embarazadas piden la baja en esta fase del curso, cuando les faltan cuatro meses para dar a luz, y así empalman con las vacaciones de verano.
El tiempo que la administración tardaba en cubrir una baja ha sido un problema nuclear del sistema escolar hasta hace poco. A veces pasaban tres semanas y el sustituto no había llegado. Esto ocurría porque localizar en la bolsa a un interino que fuera apto para la plaza libre no era fácil. Había que llamarle y ofrecerle el puesto, y éste tenía tres días para pensárselo y si a los tres días decía que no, había que volver al principio y buscar a otro. Entretanto, el colegio tenía que cubrir la baja con alguien de plantilla: con el profesor asignado a las clases de refuerzo para alumnos con necesidades especiales. Una vieja orden de Educación, muy discutida por los sindicatos, establece que el maestro de apoyo tiene el deber de cubrir la primera baja que se da en su centro, de modo que por norma los refuerzos se sacrificaban.
La tardanza para cubrir una baja siempre fue más que un problema de recursos humanos: a los profesores fijos les molestaba aparcar su trabajo para hacer el de otros; los padres se quejaban de que sus hijos perdieran clases de Matemáticas o Lengua; los directores urgían a la delegación provincial para que les enviara un sustituto; las delegaciones provinciales hacían números y veían que, a los tres meses de empezar el curso, el presupuesto para bajas se había agotado, y a la espera de más dinero tenían que improvisar criterios aleatorios para decidir en qué colegio era más prioritario un sustituto. En el último trimestre del curso, con la Selectividad cerca, el Bachillerato tenía prioridad sobre la Primaria y la ESO.
En 2010, Educación estrenó un plan piloto de sustituciones. El experimento consistía en delegar a los colegios, y no a las delegaciones provinciales, la gestión de las bajas de sus docentes (con un presupuesto virtual que se amplía en casos muy justificados, como un embarazo). La medida fue introducida por IU en el pacto parlamentario por la convergencia educativa, y tuvo el respaldo explícito del PSOE y del PP.
Andalucía gastó el año pasado 119 millones en bajas. Un año antes de que echara a andar el plan, la Consejería de Hacienda había tenido que intervenir las cuentas de algunas delegaciones de Educación por su excesivo gasto. La Junta extendió el plan piloto, "no sólo por el ahorro", sino porque "mejoró el funcionamiento de las escuelas". A pesar del proyecto, el presupuesto para bajas se mantuvo igual. "Era el mismo dinero, pero gestionado por los primeros afectados (las escuelas) empezó a funcionar mejor", explican desde la consejería.
El plan se inició en 200 centros. Hubo 771 bajas, el 13% del total y sólo 87 colegios necesitaron ampliar su presupuesto. Al eliminar pasos intermedios, las bajas se empezaron a cubrir en cinco días (hasta entonces la media sobrepasaba las dos semanas). Ahora la cobertura se hace en 48 horas. El plan también facilitó que los maestros de apoyo pudieran dedicarse en exclusiva al refuerzo, una medida demandada desde hace años por los sindicatos. Antes de esto, el sistema escolar sufría un 5% de bajas durante el curso (llegó hasta el 11% en septiembre algunos años).
Con la nueva planificación se redujo al 3,7%. El año pasado el plan se extendió a todos los centros andaluces, permitiendo "liberar" a los 2.068 profesores de refuerzo que hay en los colegios para que se centren exclusivamente a las tareas de apoyo a los alumnos con más problemas de aprendizaje. Esa plantilla, y los niños a los que atienden, son los que ahora vuelven a estar en la cuerda floja.
