La investigación abierta por el fraude de los ERE alcanza ya los 231 imputados, después de que la jueza Mercedes Alaya haya implicado a los responsables de la firma EDM-Séneca por un ayuda a esta entidad de 384.841,65 euros, que en los tres años que estuvo funcionando recibió un casi 6,5 millones de euros en subvenciones, préstamos y bonificaciones de diferentes organismos públicos. Los dos nuevos imputados, así como el exdirector general de Trabajo Juan Márquez y a dos responsables de IDEA (a los que amplía su imputación), los cita a declarar el próximo 3 de marzo. En un auto fechado el pasado 27 de enero, la magistrada explica que EDM-Séneca son en ralidad dos empresas distintas, aunque comparten el mismo domicilio social en Mancha Real (Jaén) y hay coincidencia en ciertas personas pertenecientes a sus órganos societarios así como trasvase de sus trabajadores, los cuales prestaban servicios en ambas empresas. Así destaca que el entramado empresarial constituido alrededor de EDM fue bendecido con numerosas ayudas desde su inicio, ya que en los tres años que estuvo funcionando hasta que liquidó obtuvo de diferentes organismos subvenciones, préstamos y bonificaciones por un total de 6.405.932,55 euros, pese a lo cual ambas empresas comenzaron su proceso de liquidación el año 2009. Una maniobra, tras la que Alaya ve la mano del intermediario de los Ere Juan Lan zas. No sería descabellado pensar que tal benevolencia viniera apadrinada por la influencia de Don Juan Lanzas Fernández, afirma, por las vinculaciones de EDM con la Consultoría Prometeo, de la que eran socios el Sr. Lanzas y su esposa. La sociedad EDM abonaría a PROMETEO 26.057,68 euros en el ejercicio 2006 y 40.546,48 euros en el 2007, añade la jueza. Pero lo que a Alaya le interesa es el prestámo de 384.841,65 euros que la firma obtuvo, con cargo a la partida de los ERE (la 31L). E este respecto, indica que la Consejería de Innovación recibió en octubre de 2008 un escrito de un juzgado de Jaén por el que se ordenaba el embargo de las subvenciones que esta firma recibiera por cualquier concepto. Según la magistrada,esto hizo que los responsables de la Junta arbitraran una fórmula para conceder una nueva ayuda a este entramado que no fuera susceptible de embargo" y que el entonces director general de Trabajo Juan Márquez y el director de Idea Jacinto Cañete firmaran un convenio de colaboración para atender el pago de las nóminas de los 145 trabajadores de la empresa. Para la instructora el "reguero" de ayudas que recibieron estas sociedades, demuestra que la intención de la Administración no fue nunca reclamar a EDM la devolución del préstamo, pese a que se incumplió el objeto del mismo: el mantenimiento de los puestos de trabajo al despedir a toda la plantilla. De hecho, llega a afirmar que los responsables de la firma incluso "no les importaría contratar para ello, aunque no fueran necesarios, a trabajadores discapacitados con tal de que se ingresara en sus cuentas 12.000 euros por trabajador". Según las conclusiones a las que llega la Intervención General de la Administración del Estado, este préstamo es una "verdadera subvención a la empresa y no guarda relación alguna con la tramitación de un ERE", ni tampoco consta que fuese sometida a fiscalización previa, por lo que se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Unos hechos que para Alaya podrían ser constitutivos de delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos.
