El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desautorizó el jueves a la "minoría" de la carrera judicial que el miércoles votó a favor de ir a la huelga el próximo 18 de febrero. El CGPJ entiende que las medias de presión son "precipitadas y que podrían dejar indefensos a los ciudadanos".
En un comunicado leído por la portavoz, Gabriela Bravo, el CGPJ añadió que "es difícilmente comprensible una postura tan drástica en esta etapa crucial de negociación" en la que el Consejo trabaja con las asociaciones, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas "en pos de un profundo proceso de modernización de la Justicia".
Las juntas del miércoles pusieron de manifiesto la división de los jueces en vísperas de la reunión que el lunes mantendrá el Ministerio de Justicia con las asociaciones judiciales, que no han convencido a todos los magistrados -principalmente a los de las grandes ciudades- de aplazar las protestas hasta junio.
El 18 de febrero puede tener lugar la primera huelga de jueces de la historia de España en algunos juzgados de Madrid, Barcelona, Sevilla, Extremadura, Murcia, Málaga, Zamora, Ibiza, Castellón, Tarragona, Girona, Cuenca y Ciudad Real, entre otros lugares.
Aunque Bravo se refirió al texto como "declaración institucional", fuentes del Consejo precisaron luego que no ha sido aprobado por el pleno, sino consensuado por varios vocales presentes ayer jueves en la sede del CGPJ y por el presidente Carlos Dívar.
Para el órgano de gobierno de los jueces, según el comunicado, "la inmensa mayoría de los jueces y magistrados de este país sigue optando por la vía de la responsabilidad institucional y el diálogo, como ya pusieron de manifiesto las asociaciones judiciales para resolver los problemas de nuestra Administración de Justicia". Bravo hizo hincapié en que confía en que, finalmente, la huelga no se lleve a cabo, dada "la absoluta disposición del Gobierno a ofrecer soluciones". A su juicio, prueba de ello es la reunión que tendrá lugar el próximo lunes, en la que, en su opinión, "el Gobierno ofrecerá soluciones para poder resolver los problemas".
Zapatero. Por su parte, el presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vinculó ayer de forma directa la convocatoria de huelga a la sanción impuesta al juez Rafael Tirado por su actuación ante el caso del asesinato de la niña Mari Luz. "No valoro las causas; lo único que sé es la secuencia de los tiempos, y es que esto no había sucedido hasta que no hemos tenido el debate en torno a la responsabilidad del juez Tirado", destacó.
El jefe del Ejecutivo subrayó que su Gobierno ha reiterado en numerosas ocasiones su voluntad de diálogo para mejorar el funcionamiento de la Justicia en beneficio de los ciudadanos.
Desde la oposición del PP, sin embargo, se fue muy crítico con el Gobierno y se solicitó que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, exponga en la Comisión del ramo del Congreso la posición del Gobierno ante el anuncio de huelga por parte de los jueces. Aunque el presidente del PP-A, Javier Arenas, fue más allá y se posicionó junto a los jueces, que tienen, según él, "más razón que un santo" en sus reivindicaciones. Por ello exigió al Ejecutivo que "abandone la soberbia" y que dote de más medios a la Justicia, para la que también pidió "más diálogo".
Por su parte, el padre de Mari Luz Cortés, Juan José, apuntó que el hecho de que los jueces se pongan en huelga el 18 de febrero será "una forma de dar la espalda a la justicia y a los ciudadanos".
