El Consejo General del Poder Judicial no revisará hasta el año que viene la sanción de 1.500 euros impuesta al juez de Sevilla Rafael Tirado por no ejecutar una sentencia que condenaba al presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, por abusos a su propia hija.
Según han informado hoy fuentes del Consejo, el asunto no figura en el orden del día del pleno que este órgano celebrará el próximo miércoles 17, el último que tendrá lugar este año, por lo que la revisión de la sanción no se tratará al menos hasta mediados de enero de 2009, cuando está previsto que se reúnan de nuevo los vocales del CGPJ.
El ponente del caso, el vocal el vocal Félix Azón, aún no ha elevado su propuesta al pleno, que tiene que resolver sobre el recurso de la Fiscalía contra la sanción impuesta a Tirado por el antiguo Consejo.
El Ministerio Público ha solicitado que el magistrado sea suspendido por tres años, al considerar que es autor de una falta muy grave de desatención o retraso injustificado en la tramitación de la causa.
El juez "debería haber establecido un mínimo control sobre el estado de todas y cada una de las ejecutorias que se tramitaban en el Juzgado, lo que le hubiera permitido, al efectuar dicho control, detectar la existencia de la ejecutoria 31/06 y del estado de paralización en que se encontraba", dice el recurso del fiscal.
La Comisión Disciplinaria del antiguo CGPJ atribuyó parte de la responsabilidad de lo sucedido a la secretaria judicial, al fiscal y a los funcionarios del Juzgado.
De hecho, la secretaria judicial, Juana Gálvez, fue sancionada por el Ministerio de Justicia con dos años de suspensión de empleo y sueldo.
