El exconsejero Antonio Fernández, esta mañana en los juzgados.
El consejero de Educación de la Junta de Andalucía en funciones, Francisco Alvarez de la Chica, ha criticado este sábado la decisión "calculada, fría, insensible y cobarde" del Gobierno central de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la convocatoria de oposiciones andaluzas y ha exigido al líder regional de los 'populares', Javier Arenas, que pida la retirada de ese recurso, que deja el proceso en suspensión cautelar durante cinco meses. En una comparecencia en Granada, el consejero ha censurado además que el Gobierno andaluz haya conocido la "gravísima" noticia por los medios de comunicación y que no haya habido comunicación oficial por escrito de manera previa, lo que ha dejado a la Junta de Andalucía "sin posibilidad de defensa".
Asimismo, le ha reprochado al Ejecutivo de Mariano Rajoy que haya "ocultado" su decisión y la haya tomado justo en el último día posible, cuando ha tenido cuatro meses para hacerlo. Para el consejero es además "doloroso" constatar que con las mismas circunstancias, superando también la tasa de reposición del 10 por ciento, el recurso no se haya planteado contra la oferta pública en el País Vasco, simplemente porque en esa comunidad "habrá elecciones el próximo año".
El consejero ha hecho un relato cronológico de los hechos para explicar cuál ha sido la posición del Gobierno andaluz y cuál la del Gobierno de Mariano Rajoy. Según ha detallado, el 18 de octubre de 2011, la Consejería ya trasladó al Gobierno en la conferencia sectorial de educación su intención de convocar la oferta de empleo público docente; el 27 de diciembre el Consejo de Gobierno de la Junta aprueba el decreto, que se había pactado previamente con los sindicatos en la Mesa Sectorial de Educación; y el 26 de enero de 2012, el Gobierno de Andalucía reitera su intención, aunque el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, le pidió que no lo hiciera porque provocaría un "efecto llamada".
El 7 de febrero, ha recordado Alvarez de la Chica, el Ministerio publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el cambio de temario de las oposiciones "mediante una orden desconocida para el conjunto de las comunidades autónomas", en lo que supuso el "primer golpe en la mandíbula y a traición a los opositores"; el 13 de febrero, después de que la Conserjería decidiera junto a los sindicatos no recurrir esa decisión, De la Chica firmó la orden de la convocatoria de oposiciones de Secundaria; el 15 de febrero, la Junta de Andalucía acepta reunirse con el Ministerio de Hacienda al ser emplazada para que aclarase algunos de los términos de esa convocatoria; la reunión se produce el 20 de febrero, "sin poner ningún informe jurídico y administrativo sobre la mesa" y el Gobierno andaluz queda a la espera de una nueva convocatoria mientras Hacienda estudiaba el asunto, aunque ésta no se ha producido, según el consejero.
El 22 de febrero se publicó la convocatoria para la inscripción de los aspirantes, que concluye el 12 de marzo con la inscripción de 33.154 opositores, y en la semana previa a las elecciones andaluzas, la Junta intenta ponerse en contacto con el Ministerio de Hacienda para comprobar si se puede alcanzar un acuerdo, puesto que Cristóbal Montoro afirma en el Senado por entonces que no recurrirá las del País Vasco. Tras reiteradas llamadas, la Junta de Andalucía no consigue una respuesta y, de pronto, se entera este viernes, "por los medios de comunicación", de la "decisión gravísima" del Gobierno de recurrir las oposiciones ante el TC.
