Fitonovo tiene adjudicado el contrato de mantenimiento de los juegos infantiles. / Javier Díaz
"Sospechoso". Esa es la palabra que utilizó ayer la portavoz de IU en el Ayuntamiento, Josefa Medrano, para calificar la renovación de un contrato con la empresa Fitonovo, investigada por la jueza Mercedes Alaya al ser considerada «el epicentro de una red corrupta». Esta firma supuestamente pagó mordidas a funcionarios y algunos altos cargos públicos a cambio de contratos públicos. Aun así, llevará un año más el mantenimiento de los juegos infantiles, al no haberse a sacado a concurso público dicha labor antes de que cumpliera el contrato anterior. El Ayuntamiento defendió ayer que es algo temporal «hasta que se adjudique el nuevo para evitar un detrimento en el servicio».
«Aprobar la prórroga del servicio de conservación de las áreas de juegos infantiles municipales del Ayuntamiento de Sevilla», es el acuerdo recogido en el acta de la Junta de Gobierno, en la que se indica que el importe de esta prórroga asciende a 397.262,88 euros. Un contrato que se mantendrá hasta diciembre de 2015, después de que en diciembre de 2014 se cumpliera el anterior sin que se hubiera convocado un concurso público para adjudicar el servicio.
Unos hechos que ayer Medrano calificó de «muy grave», al no haber dado por concluido el contrato y haber tramitado una nueva adjudicación antes de que se cumpliera el plazo del mismo. «Resulta bastante escandaloso y sospechoso que el alcalde del PP siga beneficiando» a esta empresa, sostuvo ayer la portavoz de IU. Para Medrano, no solo demuestra «falta de previsión» y «absoluta ineptitud», también «es incomprensible que Zoido no sólo se niegue a poner en marcha una comisión de investigación sobre todos los contratos firmados por el consistorio con Fitonovo, como venimos reclamando desde IU», sino que «le de alas ahora a esta empresa, garantizándole unos ingresos extras de 400.000 euros».
Por su parte, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, Maximiliano Vílchez, aclaró que se ha prorrogado «hasta que se adjudique el nuevo para evitar un detrimento en el servicio». De hecho, se solicitó una «prórroga de seis meses para garantizar el servicio mientras que tramitaba el nuevo contrato», pero la Intervención municipal señaló que la prórroga debía ser obligatoriamente por un año. «IU está manchada por la corrupción de este caso y quiere hacer creer falsamente que este gobierno también lo está».
