El Tribunal Constitucional (TC) desbloqueó el pasado lunes la paralización de la subasta de fármacos de la Junta de Andalucía, según anunció ayer la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. El procedimiento estaba parado desde hace cinco meses cuando el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recurrió ante el Constitucional.
Con esta medida, el departamento del ramo esperaba ahorrar unos 40 millones de euros, que después bajó a algo más de 20 millones. El motivo de la rebaja fue que la Junta consiguió que al menos nueve de las 13 presentaciones farmacéuticas de varios laboratorios que optaron y se alzaron con el primer concurso público de licitación, se adaptasen al precio más bajo del mercado y no el precio menor, ajustándose así a la modificación que el Gobierno central había hecho de su Real Decreto Ley RDL 16/2012.
Este argumento de ahorro fue defendido por la Junta ante el Constitucional, y éste lo ha considerado válido, tal y como se recoge en el auto , al afirmar que, a pesar de tratarse de una estimación, es "suficientemente ilustrativa" de los efectos negativos para el ahorro que podía tener mantener la suspensión de la subasta.
De hecho, la suspensión supuso un duro varapalo para el Gobierno andaluz, que siempre había defendido esta fórmula de ahorro en lugar de que se viera perjudicado el bolsillo del enfermo. La consejera de Salud siempre apoyó la subasta ya que "permitirá obtener unos ahorros adicionales de los laboratorios de entre 20 y 40 millones de euros, que se destinarán a otras prioridades de la sanidad pública". Es más, según alegaba la Junta de Andalucía al TC, con la suspensión resultaba afectado el Plan de Ajuste, por lo que "el mantenimiento de la suspensión comprometería los propios objetivos de reducción del déficit público perseguidos por el Gobierno del Estado".
En declaraciones a Europa Press, Montero concretó que el levantamiento de esta suspensión cautelar ha sido contra la resolución de la Gerencia del SAS que daba luz verde a la primera convocatoria de concurso público. Sin embargo, continúa abierto el procedimiento contra el conjunto del decreto-ley de 13 de diciembre de 2011, ya que el pasado viernes 13 el Consejo de Ministros acordó interponer recurso de inconstitucionalidad tras no llegar a un acuerdo previo en la mesa de negociación.
La titular de Salud se mostró convencida de que el dictamen del Constitucional sobre el decreto-ley en su conjunto tendrá un final parecido. "Si el Gobierno solicita la suspensión cautelar del decreto-ley, cosa que no estaría muy justificada en este momento tras el levantamiento ahora de la suspensión de la resolución, entiendo que la razones que el TC ha argumentado para proceder a levantar la suspensión en el primer caso, serán muy similares a las del decreto-ley".
FARMACÉUTICOS. El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, Antonio Mingorance, señaló al conocer la noticia que los boticarios andaluces "somos unos administrados" en esta cuestión, que no deja de ser "un conflicto de competencias entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central y que tiene que dirimir el Constitucional".
Mingorance reconoció que, en la práctica, la subasta de fármacos en Andalucía ya estaba funcionando, "ya que nosotros teníamos una orden comunicada por parte del gerente del SAS y lo que estábamos haciendo era cumplir esa orden comunicada que había, entre otras razones, porque no nos quedaba más remedio que acatar la orden de nuestro órgano gestor, que luego fue recurrida por el Gobierno".
