Los fabricantes, los distribuidores y las empresas instaladoras de telecomunicaciones están en plena revolución por culpa de la «reantenización» impuesta antes del 31 de diciembre. No les da tiempo a realizar el trabajo. Y a los administradores de fincas y presidentes de comunidades de vecinos no les salen las cuentas: las ayudas estatales no cubren todo el coste y hay casos en los que pedir la subvención sale caro.
Hace tres años las empresas de telefonía compraron en subasta al Gobierno la frecuencia para la señal de 4G (el Estado ingresó más de 1.800 millones y se los gastó en reducir el déficit), así que los operadores de televisión digital terrestre (TDT) entre los canales 61 y 69 serán desalojados de esa banda el 31 de diciembre. Esta reorganización de canales es la bautizada como liberación del dividendo digital. O lo que es lo mismo, que todo hijo de vecino tiene que resintonizar su televisión y, si tiene antena colectiva con centralita programable o amplificador monocanal (el 43 por ciento de la población de Sevilla), debe llamar a una empresa instaladora para que adapte la antena si quiere seguir viendo todos los canales a partir del 1 de enero.
Pedro López, propietario de Interantena, una empresa con 29 años de experiencia, ha tenido que ampliar su plantilla ante la avalancha de trabajo. «De 10 empleados hemos pasado a 12 para poder atender la demanda y en diciembre seguro que habrá mucha más porque todo lo dejamos para el último día». Su carga de trabajo aumentó «un 30 por ciento». López califica de «caótica» la planificación del Gobierno central, recuerda que el sector no ha podido hacer previsiones porque en agosto aún no se sabía cuándo empezaba el proceso y denuncia que, por ejemplo, la emisión simultánea por el antiguo y el nuevo canal (simulcast) arrancó el pasado día 7, «muy tarde».
David Álvarez es responsable de Medialectro, distribuidora de material eléctrico en Sevilla, Huelva, Cádiz y parte de Córdoba. Su empresa vende a los instaladores las piezas que ahora hay que sustituir y que escasean «porque los cuatro fabricantes no dan abasto». «A la zona sur llegan menos, las conseguimos a cuentagotas», asegura. «Ikusi, Alcad, Fagor y Televés están en San Sebastián, Irún, Mondragón y Santiago de Compostela, respectivamente, así que el norte está mejor abastecido. A nosotros nos faltan por llegar entre 500 y 600 monocanales que están pedidos y para enero y febrero hemos pedido más de 1.600», asegura Álvarez. Su empresa vendía antes del boom del dividendo digital entre cuatro y seis monocanales al mes, «y ahora la demanda pasó a ser de unos 1.000». «Yo trabajaba en una de las empresas fabricantes y decidí, junto a un compañero que tenía una empresa de instalación, montar este almacén hace más de un año. Ya somos siete trabajadores. Vimos la necesidad que había y cubrimos ese mercado», indicó. Eso sí, para poder suministrar las piezas que ahora se demandan «adelantamos pagos echándole mucho valor».
«Desde 2008 se sabía que había que reubicar los canales, pero se ha esperado al último momento para hacer las pruebas. El Gobierno dijo que no habría ayudas, pero los operadores ya habían pagado, así que tuvo que rectificar, el plan marco se fue al traste por la crisis... en fin, que la gestión ha sido un desastre», opina este empresario tras añadir que confía en que habrá una prórroga para adaptar las antenas de, al menos, tres meses como piden la Federación Nacional Coordinadora de Telecomunicaciones (Fecotel) y la patronal andaluza (Faitel). «No hay profesionales ni los fabricantes están preparados para atender este aluvión antes del 31 de diciembre. Tornillos, piezas de pvc... tardan tres, seis o incluso nueve meses en fabricarse».
Y desde organizaciones de consumidores y comunidades de vecinos también solicitan una prórroga. Rafael del Olmo, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, la considera «necesaria» y critica duramente que las ayudas anunciadas por el Gobierno central no cubran todo el coste de la adecuación de las antenas. Un 30 por ciento lo tendrán que asumir los vecinos. «Imputar el gasto a los vecinos es un error», defendió Del Olmo tras recordar que la subvención hay que declararla en la Renta del año siguiente. «El administrador o presidente de la comunidad tiene que enviar una carta con el certificado individual a cada vecino», así que las comunidades tienen que sopesar si les conviene o no pedir la subvención. Y es que se puede dar el caso, en grandes comunidades de vecinos, de que cuesta más enviar esas cartas que recibir la ayuda.
Lo cierto es que dentro de otros tres años se prevé otra «reantenización» y que hay quien augura ya una muerte lenta de la TDT. IMSA, empresa de Juan Carlos Sevilla, se dedica ya a la fibra óptica porque «está en auge y hay que amoldarse al mundo de las telecomunicaciones». «Hasta principios de año habrá mucho negocio con la TDT, pero después entrará en caída libre». Miguel Pingarrón, director de desarrollo de negocio del operador de satélite SES Astra Ibérica, lo tiene claro: «Ni el satélite ni la fibra óptica están afectados por estos cambios, son la solución». «Las viviendas con antenas de banda ancha de TDT las no afectadas ahora tendrán interferencias cuando se active el 4G. Entonces necesitarán filtros y la visita del técnico».
A su juicio, el futuro está en la Ultra Alta Definición, que ocupa dos o tres canales de la ahora alta definición, así que la TDT no da la talla. La solución, dice, es el satélite para las zonas rurales y la fibra óptica para las ciudades. La TDT «tendrá dificultades en un futuro próximo», augura.
