El Gobierno asegura que no se irá del todo, "ni quiere", de las autonomías en el ámbito de la Justicia, aunque hace un balance "claramente favorable" del traspaso de estas competencias a las comunidades, que ya han sido transferidas a 11 gobiernos regionales.
En estos momentos se está negociando el traspaso de las competencias de Justicia con La Rioja, Extremadura, Murcia, Baleares, y las dos Castillas, según recordó el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, en una entrevista a la agencia Efe, quien manifestó que los traspasos han supuesto ventajas, "pero también inconvenientes, aunque el saldo es claramente favorable", si bien la transferencia "dificulta" la puesta en marcha de "grandes planes nacionales".
Entre las ventajas, apuntó el hecho de que los usuarios tengan más cerca al responsable político en esta materia, que, a su vez, tiene "un conocimiento más completo" de las necesidades, aunque reconoció que en la Justicia "se han producido algunos daños colaterales que no conviene minimizar". A su juicio, el más importante es "la consolidación de diferencias en procedimientos organizativos, informáticos y estadísticos", lo que ocurre también en otros servicios públicos, "que se resienten de estas diferencias".
Esta situación obliga a un mayor esfuerzo de coordinación y de lealtad institucional, según Pérez, quien deja claro que el Gobierno de España "no se va del todo" a pesar de las transferencias, porque mantiene las competencias en "lo estructural".
Una vez que se transfiera la Justicia a todas las comunidades autónomas, el ministerio aún gestionará "lo que le corresponde", como las retribuciones de jueces, fiscales y otros funcionarios, el cuerpo de secretarios o las aplicaciones informáticas.
El secretario de Estado anunció, asimismo, que el próximo día 15 se reunirá la Conferencia Sectorial de Justicia, un órgano que su departamento intenta que sea "un lugar de encuentro" y de coordinación de iniciativas entre la Administración central y las autonómicas. En esa fecha se tratarán, entre otros asuntos, la coordinación informática, las previsiones de crecimiento de la Planta Judicial en 2009 o la convocatoria de plazas de funcionarios judiciales. Pérez destacó que ahora es "un momento estupendo" para afrontar cambios en la Administración de Justicia, al haber "concordia" entre las autonomías, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio, por lo que, dijo, "pronto empezarán a notarse los resultados de esta armonía".
Estos cambios y estas mejoras en Justicia se tienen que acometer con urgencia dado el malestar que existe entre los funcionarios y los propios jueces, que se quejan por la falta de medios y la saturación de trabajo, situación que salió a la luz pública con el triste Caso Mari Luz y que desembocó en una huelga de secretarios de justicia y en una amenaza de realizar paros por parte de jueces de Extremadura y Murcia.
Transferencias. En cuanto a las transferencias, recordó que recientemente se cerraron las de Aragón, Cantabria y Asturias, y reconoció problemas "diversos" para culminar el proceso con las seis comunidades que todavía no han asumido la competencia. En unos casos, según explicó, a las autonomías les parece que hay una insuficiencia de dotaciones que debe resolverse antes de las transferencias, y en otros, "parece que no quieren" y no sólo por razones presupuestarias, aunque Pérez no quiso desvelar qué comunidades plantean estas dificultades. Otras, continuó, quieren la competencia, pero con una asignación presupuestaria complementaria "que es preciso discutir", mientras que algunas apuntan "problemas concretísimos".
El proceso de traspaso se inició con Cataluña, única comunidad que tiene transferida la Administración Penitenciaria, en 1983; en 1987 con el País Vasco; en 1994 con Galicia; en 1995 con la Comunidad Valenciana y en 1996 con Canarias. Un año después fue con Andalucía; en 1999 con Navarra; en 2002 con Madrid; en 2006 con Asturias y en 2007 con Cantabria y Aragón. Las once tienen ya culminado el traspaso, la última de ellas Asturias.
