El presupuesto de las becas generales para el estudio proviene del Ministerio de Educación, y sólo dos comunidades, Andalucía y Cataluña, tienen delegadas las competencias en la gestión y la tramitación directa de estas ayudas. Pero ahora, por recomendación del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que se hizo público ayer, el Gobierno quiere que el departamento de José Ignacio Wert retire esa potestad a ambas comunidades y se haga cargo de la gestión directa de las becas. Al suspender los convenios de colaboración con Andalucía y Cataluña, el Gobierno ahorraría 2,8 millones de euros, según los expertos de Hacienda, y además se corregiría la demora en el cobro de las becas por parte de estos alumnos que, en el caso andaluz, arrastra un retraso de varios meses respecto a otras regiones. El consejero de Educación, Luciano Alonso, eludió ayer valorar la repercusión que tendrá esta decisión para los estudiantes andaluces, y si la decisión limitará la autonomía de la Junta para diseñar sus propias ayudas al estudio (beca 6000, Segunda Oportunidad, Adriano...)
Hasta ahora, Andalucía y Cataluña son las primeras comunidades en cerrar la convocatoria de solicitudes de becas cada curso. Ocurre entrada la primavera. La consejería se encarga de cuadrar el número de demandantes con el de becas concedidas. El informe del CORA incide en que la firma de los convenios con estas dos comunidades genera retrasos en la gestión, de modo que los beneficiarios de Andalucía y Cataluña para becas universitarias y no universitarias las reciben sensiblemente más tarde que quienes cursan sus estudios en otras regiones. El informe pone como ejemplo que en el momento en el que se redactaba la memoria de la reforma de las administraciones (abril de 2013), en Cataluña los estudiantes con becas no las habían recibido todavía para ese curso escolar 2012-2013, pese a que faltaban tres meses para que terminara, informa Europa Press.
El convenio con Andalucía, que sólo gestiona las ayudas no universitarias, se firmó por primera vez en el curso 2009/2010, con un Gobierno socialista. En virtud de estos acuerdos, el Ministerio realiza las convocatorias de ayudas generales al estudio, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y estas autonomías asumen las funciones de tramitación, pago, inspección, verificación y resolución de los recursos correspondientes a las becas.
Según el CORA, estos acuerdos no suponen ahorro alguno para la Administración General del Estado, que mantiene el mismo operativo informático para la gestión de becas del resto de comunidades y universidades. Se trata de un procedimiento altamente informatizado que invierte los mismos recursos para el tratamiento del actual número de solicitudes (un millón(, que si tuviera que tramitar también las de catalanes y andaluces, concluye el texto.
El Ministerio destinó para este curso escolar un presupuesto inicial de 122,6 millones para becas de estudio para Andalucía. Pero el endurecimiento de los criterios académicos redujo en casi 12.000 el número de beneficiarios, de modo que 18,4 millones para becas (un 15%) quedaron sin uso, y el Gobierno se los reclamó a la Junta. Esos 12.000 estudiantes son los que el año pasado obtuvieron una beca y este curso no la recibirán. El dinero devuelto sigue computando como gasto para becas del Ministerio con destino Andalucía. La Junta reaccionó al endurecimiento de los criterios académicos diseñando su propia beca colchón (Adriano) para los alumnos andaluces con rentas bajas que hubieran perdido la del Ministerio por sacar menos de un 5,5 de nota (unos 6.500).
