El ex titular del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella (Málaga), Francisco Javier de Urquía, se siente como la víctima de una acusación organizada para desprestigiar su trabajo como juez y, más concretamente, como instructor del llamado caso Hidalgo, una investigación contra empresarios de la Costa del Sol por blanqueo de capitales. En su declaración, ayer, en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como imputado, junto a otras tres personas, por ofrecer supuestamente favores judiciales a cambio de beneficios económicos durante esa operación, Urquía dijo que su implicación no es más que un "montaje", que "desconoce totalmente" lo que se le imputa y que es "totalmente ajeno" a los motivos por lo que se enfrenta a dos años de cárcel, 30 de inhabilitación como juez y multa de 8,1 millones de euros. Urquía ya ha sido condenado a dos años de prisión por cohecho tras pedir y aceptar para la compra de su vivienda 73.800 euros del ex asesor urbanístico marbellí, Juan Antonio Roca, a cambio de favorecerle judicialmente.
En su declaración en la vista oral de ayer señaló que cree que todo responde a una estratagema "rocambolesca" del grupo de empresas de uno de los imputados en Hidalgo, D.S. -cuyo hijo grabó las conversaciones que implican al ex juez y que dieron lugar a la investigación-, ya que tenía la intención de desacreditarle a él como magistrado instructor para así perjudicar a la investigación. Urquía insistió en que nunca habló con dos de los otros imputados -amigos suyos-, I.M.L. y A.F.A., sobre la citada operación y sobre la posibilidad de ayudar a algún imputado a cambio de dinero, y señaló que "en absoluto" tenía conocimiento de las actuaciones del primero de ellos, que se reunió en varias ocasiones con el hijo de D.S. para ofrecerle levantar las medidas cautelares sobre el hotel de su padre a cambio de hasta ocho millones de euros que deberían pagar al magistrado.
Sobre las grabaciones que ha intentado impugnar y que el TSJA ha creído legales dijo que nunca pidió a sus amigos que exigieran en su nombre una mordida para evitar el proceso, que es lo que ellos han declarado. "Lo cogerían de pardillo, no sé cuáles fueron sus motivaciones, imagino que económicas", dijo en referencia a uno de ellos. Urquía acusó directamente al empresario francés Philippe Junot -ex marido de Carolina de Mónaco- de "actuar inducido" por D.S. para intentar "destruir" la investigación, ya que era empleado suyo. Según declaró Junot, un amigo del juez le ofreció cinco millones de euros por "solucionarle" problemas legales, una estrategia que se abría repetido y por la que se calcula que el juez -hoy dado de alta en el Colegio de Abogados de Alicante- recibió ocho millones.
Sobre la puesta en libertad del otro imputado, A.K., su mujer y su sobrino, Urquía manifestó que los dejó libres porque el delito de blanqueo investigado provenía de otro anterior de Bélgica, por el que ni las autoridades belgas ni la Audiencia Nacional los habían encarcelado, y no porque hubiera recibido dinero. De hecho, informó de ello al Fiscal Anticorrupción de Málaga.
El fiscal superior del TSJA, Jesús García Calderón, pidió que se oyera una conversación entre uno de los imputados, Arnaud F., y Urquía, en la que el primero le dice: "Nos quieren mucho y nos escuchan", a lo que él replica: "Ya, los teléfonos están intervenidos. Pues conmigo no se van a aburrir". El juez confesó que se acostumbró a hablar en clave. Después hizo un silencio, incómodo, y dijo frente al micrófono de los acusados: "Parezco un cantaor".
